La caída en desgracia del investigador que reveló el mayor escándalo de la ciencia en España

Herrera Merchán (Villafranca de Córdoba, 1978) atiende a EL ESPAÑOL durante una hora muerta entre clase y clase: ahora es profesor de Biología y Geografía en un instituto de Cortes de la Frontera, en la provincia de Málaga. "A mí me encanta la docencia, disfruto mucho con mis alumnos", confiesa.

Sin embargo, echa de menos la actividad investigadora. Hace solo dos meses que solicitó un proyecto, "pero me he quedado tercero, era una de mis últimas esperanzas. En ciencia, una vez que dejas de publicar, tu carrera se acaba".

Su vida cambió hace cinco años. Hasta ese momento, solo unos pocos sabían que una denuncia suya había propiciado el despido de una joven estrella de la investigación. Susana González había sido despedida un año antes, en 2016, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) poco después de que la Comisión Europea le concediera una subvención de 1,86 millones de euros para sus investigaciones sobre el potencial regenerativo del corazón.

González había sido la directora de tesis de Herrera, por lo que conocía bien su trabajo. En 2015, un artículo publicado en la prestigiosa Nature Communications llamó la atención del cordobés: algunas de las imágenes que aparecían le resultaban familiares. Acudió al foro PubPeer, donde investigadores anónimos analizan los estudios de compañeros sin miedo a posibles represalias, y comprobó que no era el único que sospechaba del trabajo. Algunas imágenes habían sido utilizadas en anteriores trabajos. Eso le animó a contactar con el CNIC y expresar sus sospechas: los resultados podrían estar manipulados.

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Por aquel entonces, Herrera trabajaba en el Centro de Genómica e Investigación Oncológica de Pfizer y la Universidad de Granada, Genyo. La investigación del CNIC acabó con la salida de González y la retirada de la ayuda europea. Nada de esto afectó a la labor del investigador hasta que su historia apareció publicada en el periódico El País un año después.

"Antes de que saliera la noticia, le había contado a mi jefe actual y al equipo de investigación del que formaba parte que había comunicado al CNIC que me había dado cuenta de que mi anterior jefa había duplicado imágenes". Al que era entonces su jefe, Pedro Medina, "no le agradó la noticia".

Baile de apellidos

Algo había cambiado. "Medina intentó pedirme, de manera educada pero demasiado insistente, que cambiara mi forma de publicar". De firmar como Antonio Herrera-Merchán (los científicos españoles suelen unir con un guion sus dos apellidos para acomodarse a la forma de citar los artículos aceptada internacionalmente) a hacerlo como Antonio Herrera.

Según el científico cordobés, buscaba que sus artículos no se vieran 'manchados' por el escándalo del CNIC, aunque "yo no tenía nada que ocultar, estaba orgulloso de lo que había hecho y no quería borrar mi segundo apellido".

Herrera, en una foto reciente. Cedida

Por ejemplo, en un artículo publicado en la revista Oncotarget en 2017 aparecía el Herrera sin el Merchán después, algo que el investigador trató de cambiar. El sitio web Retraction Watch, que vigila la mala praxis en el mundo de la ciencia, se hizo eco del caso y contactó con ambos investigadores. Medina les explicó que Antonio siempre había utilizado únicamente "Herrera", pero éste lo negó. Varios artículos fueron corregidos para poner los dos apellidos.

Contactado por este periódico, Medina niega haber modificado el nombre de Herrera y le acusa de haber denunciado a Susana González tras ver las imágenes falseadas de su propia tesis en PubPeer. Como en una cascada, un gran número de artículos firmados por la investigadora despedida habían ido retractados, incluidos aquellos en los que participó el cordobés.

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Por esos artículos, Herrera había recibido una beca Juan de la Cierva, una de las más prestigiosas del país. "Tengo un documento de la Agencia Estatal de Investigación donde dice que no hay ningún problema y que la Juan de la Cierva es legítima", rebate. Sin embargo, desde entonces, hay un buen número de 'Clare Francis' que se encargan de recordar la sospecha en cualquier evento que cuente con Herrera como participante.

No se trata solo de quitar el apellido. Herrera señala que no aparece como autor en trabajos en los que afirma haber desempeñado una labor esencial para que saliera adelante. "Estoy pensando abrir una denuncia por derechos de autor, pero es difícil porque, a veces, los jueces no entienden en qué consiste el trabajo de un investigador". Herrera ya acudió a un primer juicio, en el que acusaba a Medina de injurias y calumnias, pero el juez no le dio la razón.

Proyectos rechazados

El exinvestigador salió del Genyo en 2017. Pensaba que las instituciones se iban a rifar a alguien con integridad y valentía, pero la realidad fue un jarro de agua fría. "Por ejemplo, mandé el currículum a una biotecnológica de Córdoba. Estaban muy interesados y me entrevistaron. Me vi en la obligación de decirles lo que había pasado. En ese momento, hicieron así con la carpeta y se acabó la entrevista".

A pesar de las dificultades, Antonio consiguió un contrato de investigación con la Universidad de Córdoba a finales de 2017. En seguida salió a relucir la sospecha sobre la legitimidad de la Juan de la Cierva, pero recibió el apoyo de Ángel Salvatierra, jefe de Cirugía Torácica del Hospital Reina Sofía de Córdoba y profesor asociado de la universidad, por lo que salvó la primera dificultad.

"Al mes de conseguirme el contrato, recibimos un correo él, yo, el director gerente del Imibic (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, asociado a la universidad) y la vicerrectora de investigación, por parte del investigador principal [del grupo en el que estaban] diciendo que tanto Ángel Salvatierra como yo estábamos expulsados de su grupo, sin decir nada más, sin decir si habíamos incumplido la normativa o no".

"Tienen miedo de que quien delata este tipo de actuaciones pueda hacerlo con otras"

Herrera se emociona al hablar del apoyo de Salvatierra que, con 68 años y una posición sólida en el mundo médico e investigador, apostó por él. "Es una persona encantadora, espero que no se tome a mal que salga en este reportaje". El cirujano no quiere entrar en nuevos comentarios sobre este caso pero afirma que fue "muy traumático, para él [Antonio Herrera], fundamentalmente, pero también para mí y para mi grupo de investigación".

Si en Granada la investigación se puso difícil, en Córdoba no hubo oportunidad de que lo hiciera. "Me pusieron todas las trabas posibles para poder seguir con mi trabajo", denuncia. No tuvo tarjeta de acceso al Imibic hasta ocho meses después de contratado. Una vez allí, no tenía ningún puesto asignado, por lo que tenía que trabajar desde casa.

El contrato duró algo más de dos años, hasta febrero de 2020, pero Herrera no pudo embarcarse en ningún proyecto… porque todos le eran denegados sistemáticamente. "Cada contrato o proyecto que quería solicitar recibía respuesta desde el Imibic con excusas varias: que es muy básico, no traslacional… Cuando es muy fácil buscar proyectos similares al mío, de investigación básica, y luego le buscaban aplicaciones. Incluso proyectos en que yo no sería el investigador principal… Me intentaron poner la zancadilla".

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Así, afirma que no pudo solicitar ningún proyecto en cerca de dos años y medio. "No me dejaban ni tener la opción de que otra entidad valorar el proyecto porque el Imibic tenía que poner su firma".

La universidad, contactada por este periódico, solo señala que Merchán tuvo un contrato postdoctoral con cargo al programa propio de la universidad y que, tras los dos años máximos de este tipo de contrato (un año renovable) finalizó la relación. "La institución no tiene conocimiento de ninguna denuncia ni queja formal" sobre lo denunciado por el exinvestigador, apuntan.

Profesor de secundaria

Ya cumplidos los 40, con mujer e hijos, Herrera veía que el futuro de su carrera investigadora se apagaba. En ciencia es importante mantener un ritmo de publicaciones para poder opta a ayudas y subvenciones. Una vez que ese ritmo se corta, el perfil del solicitante cae en las profundidades de las listas de aspirantes.

"Mi mujer me decía que me olvidara de la ciencia. Mis suegros, que son profesores, me insistieron en que hiciera unas oposiciones". El contrato con la Universidad de Córdoba terminó en febrero de 2020, justo antes de estallar la pandemia. En esa situación, con hijos pequeños y con su madre pasando por un cáncer de mama, Antonio buscó algo más factible: entró como profesor de apoyo Covid en secundaria. Al principio, en Algeciras, a 300 kilómetros de su casa. Después, algo más cerca, en Marbella. Actualmente, ya está dando clases dentro de la provincia de Córdoba.

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¿Por qué cree que ha sufrido ese acoso al denunciar una mala praxis? "La única explicación que he encontrado es que en el centro haya investigadores que hagan trampas y tengan miedo de que, si me daba cuenta, lo denunciara", afirma.

"Tienen miedo de que una persona que haya tenido el valor de delatar este tipo de actuaciones pueda hacerlo con otras: acoso, bullying, falsificación, abuso de poder… Ese tipo de cosas que en la universidad existen y hay demasiada gente dispuesta a tragar porque, si no, hay represalias".

El ya exinvestigador afirma que le ha contactado mucha gente en situaciones similares a las que ha pasado él. Entiende que investigadores predoctorales no se atrevan a denunciar públicamente malas prácticas que vean porque se están jugando su carrera, y que otros tampoco den sus nombres y apellidos "porque se juegan el pan de sus hijos". "El problema es que no se denuncia porque la ciencia… No te voy a decir que es endogámica pero nos conocemos un poco todos". Aunque se llamen Clare Francis.