Tomás Pérez Urueña, secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, compareció ante los medios para denunciar el trato que están sufriendo los trabajadores de las residencias y ayuda a domicilio en el que no se está cumpliendo el convenio. Por otro lado, está la negativa por parte de la administración y patronal a subir el salario un 6,5% tras la sentencia de la Audencia Nacional.

Victoria Zumalacárregui Suárez, secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGTCyL, cargó contra la patronal por la subida del 8% del precio de las plazas de las residencias que se hará efectiva a partir del próximo 1 de enero en Castilla y León. "Lo han justificado con el aumento del combustible, materias primas en la alimentación y la guerra de Ucrania".

Un encarecimiento de la vida repercute directamente en alrededor de 25.000 trabajadores que no reciben un aumento salarial desde 2018. "Las patronales están bloqueando el convenio. No quieren subir los salarios y tras una demanda de UGT, la Audiencia Nacional nos dio la razón para subir el IPC del año 2021 que es un 6,5%", ha indicado el secretario general. Un problema que, según Tomás, parece alargarse: "No piensan subir los salarios hasta que la sentencia no sea firme por parte del Tribunal Supremo". Por ello solicita "más implicación de la Junta".

Ante esta negativa a ejercer dicho derecho, desde UGT reclaman soluciones inminentes. "Esta política de dependencia tiene que cambiar. Si la Junta no se quiere implicar, el problema será más grande". Una situación que sorprende tras los mensajes de las Instituciones: "Si la mejor dependencia es la de Castilla y León, como será en las demás comunidades", ha subraya el secretario.

Y es que la dependencia implica a una parte de la población. "Nuestros mayores tienen que estar atendidos. Si el personal es mínimo, estamos degradando los servicios sociales", una dificultad que aumenta ante la falta de personal tras la pandemia: "Desde la pandemia, hay mucho miedo a trabajar y no hay personal", máxime cuando los trabajadores no pueden más. "Las trabajadoras tienen menos derechos y menos implicación. Usan a las trabajadoras para favorecer a las empresas y utilizar a las trabajadoras como excusa", ha indicado Tomás.

Todo ello bajo un marco en el que cada vez hay menos inspectores vigilando las condiciones laborales. "No sabemos cuantos inspectores hay. Tenemos multitud de denuncias de trabajadoras que ven como no se cumple el convenio".