Izquierda Unida  pide a las instituciones  sanitarias que solucionen el problema de los ya “acostumbrados” cierres de camas en verano en los hospitales de la Comunidad y la falta de personal, especialmente en la Atención Primaria.

Además, IU denuncia que se repiten las numerosas quejas desde las zonas rurales, donde, en verano, y con mayor población flotante, se agrava aún más la "ya precaria situación de los consultorios, al no haber personal sanitario suficiente para cubrir las vacaciones".

"Todo ello en un momento en el que la alta incidencia de la Covid-19, sobre todo entre la población no vacunada, amenaza con la saturación del servicio" aseguran. "Está claro que la no renovación de los contratos COVID lo van a pagar la población y el personal sanitario. Hecho este del que ya advertimos. Además, el aumento de la presión sobre atención primaria supone un empeoramiento de cuadros clínicos previos, o que las personas usuarias acaben en urgencias con patologías agravadas". 

Izquierda Unida informa que desde el portal de la Junta de Castilla y León se refleja el ciere de 828 camas en la Comunidad. "Mientras, se producen derivaciones a hospitales privados, y aumentan las hospitalizaciones e ingresos por Covid, aunque lo más preocupante en este momento es la situación de la Atención Primaria, dado el tipo de población que sufren los contagios en este momento". 

Las derivaciones a la privada es un problema “recurrente” que surge cada año. Esto significa en la práctica una "peor atención, y, además más cara". Desde IU denuncian, una vez más, que esta práctica significa un "trasvase de fondos de la sanidad pública a la privada. Además, en algunos hospitales, muchas personas serán hospitalizadas en plantas que no corresponden a su patología".

"No podemos olvidar que aunque muchas personas que viven en las ciudades se van de vacaciones, cada vez son menos las familias que pueden hacerlo por causa de la crisis. y que, además, en esta época, vienen más turistas a nuestros pueblos, lo cual no sólo no supone una reducción de las personas a las que se atienden en cada hospital, sino que en la práctica, aumenta", detallan.  Es un hecho conocido que muchas otras personas retornan a sus pueblos para pasar sus vacaciones, lo que aumenta considerablemente la población en estas zonas, y que "todo ello debe ser absorbido por los Consultorios Rurales, que están bajo mínimos". 

"El cierre de las plantas hospitalarias se debe, sobre todo, a la falta de personal de enfermería y auxiliares, y no a las explicaciones que da la Junta, hablando del parón estival de intervenciones quirúrgicas, o de la necesidad de dar vacaciones, algo que ya debería preverse cada año, época que, en todo caso, debería aprovecharse para disminuir las listas de espera", critican. 

Ante esta falta de personal, “un problema que se agrava cada verano según  el Sr. Igea”,  pero  que para IU no se corresponde con los despidos y/o la no  renovación de los contratos COVID por parte de la Consejería de Sanidad. Creen que es "una falta de previsión harto anunciada cada año, que concluye saturando más al personal existente". 

A pesar de que las vacaciones del personal sanitario se gestionan de forma que nunca esté descansando más de un 25% de la plantilla, los problemas son evidentes, dado que el 90% del personal médico y el 80% de enfermería no suelen ser sustituidos nunca.

Para Izquierda Unida, "el problema es estructural. La falta de previsión no es casual, sino fruto de las políticas neoliberales que tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno Central han llevado a cabo durante las últimas década". "La pandemia ha tensado todo el sistema sanitario y ha mostrado muchas de sus carencias, problemas estructurales -principalmente falta de personal- que en el caso de Atención Primaria se vienen arrastrando desde hace años". 

Para Izquierda Unida esto forma parte de un "plan perfectamente estructurado para desmantelar la sanidad pública y llevarnos a un modelo donde se priman las mal llamadas colaboraciones público-privadas y los seguros privados". "El objetivo es hacer negocio con nuestra salud, lo que supone una vulneración de nuestros derechos como ciudadanos", concluyen.