UGT ha reclamado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León que proporcione mascarillas FFP2 y la vacunación contra COVID-19 a los trabajadores de ayuda a domicilio.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que los trabajadores que realizan su labor profesional en este sector son personas "altamente expuestas" al riesgo de contagio por COVID-19, debido por un lado al constante contacto físico con sus usuarios y, por otro, a la alternancia de dichos contactos con muchos grupos de personas diferentes en lugares distintos a lo largo de cada jornada de trabajo.

Por eso, UGT ha hecho un llamamiento de la Consejería para que obligue a las empresas a proporcionar a todos estos trabajadores equipos de protección respiratoria de tipo FFP2 "de manera inmediata".

El sindicato ha recordado que, a menudo, los centros de trabajo de estos empleados son los propios domicilios particulares de quienes requieren el servicio y, en ellos, no existe ningún control sobre las condiciones higiénicas y de ventilación que garantizan la salubridad de los mismos.

"Pese a esta circunstancia, en la inmensa mayoría de los casos, los trabajadores de ayuda a domicilio no están recibiendo los EPI más adecuados para garantizar su protección", ha asegurado UGT, que ha incidido en que, aunque este servicio lo presta la Administración Pública a través de empresas privadas, con frecuencia los trabajadores padecen una situación de precariedad en el desempeño de su labor que los expone de manera innecesaria.

Por eso, ha recordado también que la labor de inspección en este ámbito es una obligación de la Junta de Castilla y León para garantizar el cumplimiento de las leyes y la protección de los trabajadores.

Así, teniendo en cuenta que parece que la COVID-19 no va a disminuir a corto o medio plazo en Castilla y León, el alto grado de exposición de los trabajadores de ayuda a domicilio y que el servicio que prestan es esencial, ha solicitado que la Junta los considere prioritarios en el orden de vacunación contra el coronavirus con el fin de proteger su salud y la de sus usuarios "y además ofrecer mayor garantía en la prestación de un servicio fundamental".