Marea Verde León y Plataforma por la Sanidad Pública León expresan su más "absoluta disconformidad" con el protocolo de vuelta a los centros educativos de la Junta de Castilla y León. Lo que ha venido llamándose una anunciada “vuelta a la normalidad” no deja de ser el mantenimiento de los recortes y la precariedad que lleva sufriendo la educación durante años, agravados aún más si cabe por la terrible pandemia de la Covid-19, denuncia el colectivo.

"Mientras que observamos medidas como el cierre de los locales de ocio nocturno o la limitación de las reuniones a 10 personas, contemplamos con incredulidad cómo en el ámbito educativo se van a establecer grupos con una ratio de hasta 25 alumnos y alumnas. Del mismo modo nos resulta difícil de creer que en las aulas no se tenga que respetar una distancia mínima de seguridad de 2 metros o de 1.5 metros, tal y como recomiendan las autoridades sanitarias". Además, se traslada la responsabilidad de elaborar las fórmulas de aplicación de los protocolos básicos de medidas para la COVID-19 a los propios centros, "responsabilidad que tendría que asumir la Consejería de Sanidad junto con la de Educación". 

La Consejería de Sanidad podría, además, decretar cierres de centros educativos en el curso 2020-2021 "ante un rebrote", "pero no explica cómo se continuarían las clases en ese caso, ni mucho menos cómo se llevaría a cabo para garantizar la educación en igualdad de condiciones, ya sea por la brecha digital, social, cultural o económica", denuncian Marea Verde León y Plataforma por la Sanidad Pública León.

Por otro lado, para el colectivo el protocolo es prácticamente imposible de cumplir en los centros de Secundaria debido a las distintas materias optativas. "¿Cómo se va a garantizar la seguridad durante los intercambios de clase de unas aulas a otras? Recordemos que en los centros educativos existen aulas específicas para materias como Música o Educación Física o Tecnología, además de aulas de desdoble o de informática. La falta de medios impide la adecuación de los centros a la nueva situación sanitaria, pudiendo convertirse éstos en importantes focos de rebrotes. Debemos tener en cuenta que en estos momentos la CCAA no ha puesto en marcha fórmulas necesarias para afrontar el otoño del año de la pandemia. La falta de personal de rastreo, de personal sanitario y el cierre de consultorios, junto con una atención telefónica que no está preparada para hacer frente a los problemas actuales, médicos que se han convertido en telefonistas, etc., hacen complicado atajar un posible rebrote rápidamente. Esto marcará el inicio del curso escolar, abocado al cierre de multitud de centros con los primeros casos. Además, la fórmula establecida por la Junta para el uso de mascarillas es claramente insuficiente, estando demostrado que hablar en tono alto para el público hace más fácil la transmisión, algo que es inevitable en las aulas. Tampoco se aborda el tema de mejorar el sistema de limpieza de los Centros educativos para lo cual es imprescindible ampliar personal de servicios. La higiene de las aulas y zonas comunes es fundamental para que las escuelas no se conviertan en un problema incontrolable".

También se preguntan ¿cómo se va a garantizar la seguridad para el alumnado y el profesorado de NEAE? Profesorado como los de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje dan clase a grupos de alumnos y alumnas provenientes de los distintos grupos. "Estos van a ser de nuevo los grandes perdedores de la Covid-19. Como añadido además, este protocolo para nada es claro respecto a cómo se va a garantizar la seguridad en otros ámbitos como los recreos, los comedores o el transporte escolar, por poner sólo unos cuantos ejemplos".

"Mucho nos tememos que habrá nuevos rebrotes en los centros escolares y volveremos a la situación de confinamiento tristemente conocida por todos y todas. En este punto, tenemos que recordar que la enseñanza presencial es imprescindible no sólo desde un punto de vista educativo, inclusivo, de atención personal y desarrollo de los menores, sino como vehículo de interacción social y como garante de la igualdad de oportunidades. Aquí debemos recordar que el confinamiento ha ahondado en la brecha socioeconómica y en la igualdad de oportunidades de muchas familias y menores".

"Queremos denunciar claramente que todo esta falta de previsión y de inversión cuando se necesita obedece a una falta total de previsión y de compromiso por la educación pública por parte de las autoridades educativas de la Junta de Castilla y León. El protocolo que han establecido aplica unos criterios irreales, imposibles de aplicar, que no tienen en cuenta la realidad de cada centro, las aulas físicas disponibles, el número de alumnos o las instalaciones de cada centro. Deja al criterio de los centros cómo organizar los distintos espacios de los centros educativos y hace recaer sobre los equipos directivos toda la responsabilidad. Como todos sabemos ya ha habido distintas asociaciones de directores y distintas AMPAs que se han posicionado en contra de los distintos protocolos de actuación en todo el territorio nacional e incluso equipos directivos que han dimitido en bloque", aseguran.

"Una vuelta a los centros educativos no será segura si no se invierte decididamente en educación contemplando todos los escenarios posibles frente a la pandemia. No se ven signos de aumentar la inversión hasta el deseable 7% del PIB, ni hay atisbos de revertir los recortes que llevamos arrastrando desde la época del ministro Wert. Si de verdad queremos una escuela pública de calidad y segura, los 1.600 millones de euros prometidos como inversión en educación (más las aportaciones de cada Comunidad Autónoma) y los fondos para educación procedentes de Europa deben ir destinados entre otras medidas a reducir drásticamente las ratios, es decir, el número de alumnado por aula hasta 15 alumnos como máximo. Hay que contratar de manera decidida nuevos profesores para ello y dotar de estabilidad a las plantillas docentes, y es más necesario que nunca que haya personal sanitario adscritos a los centros docentes.

Asimismo, es absolutamente necesario invertir en la construcción de nuevos espacios y centros educativos públicos para descongestionar los ya existentes, y aumentar las plantillas, ya mermadas, para paliar las necesidades actuales. Se pueden reabrir escuelas que fueron cerradas (como es el caso de Cuadros o Ponferrada) y llegar a acuerdos con las distintas administraciones para utilizar de manera provisional edificios y locales que pudieran estar disponibles, como se va a hacer en Italia. La seguridad no estará garantizada sin inversiones importantes tanto en educación como en sanidad. Reivindicamos el derecho a la educación y a la sanidad pública como un derecho inalienable de las personas, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reivindicamos una educación pública de calidad, integradora, laica, y, ahora más que nunca, segura, inclusiva y que no deje realmente a nadie atrás"