La Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia acudirán juntas a una reunión con parlamentarios europeos en Bruselas para mostrarles su rechazo a las políticas tomadas por el Gobierno de España en materia de protección del lobo.

En concreto, el consejero de Medioambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; y la consejera del ramo de la Xunta, Ángeles Vázquez, expondrán lo que consideran un "impacto negativo" de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), la aprobación de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo; o que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "aún no haya transferido" los más de trece millones de euros comprometidos a ambas comunidades para compensar a sus ganaderos por los daños y para tomar medidas preventivas contra él. Algo que ambas corporaciones achacan a "motivos políticos". 

Suárez-Quiñones y Vázquez explicarán a los parlamentarios europeos las "políticas erráticas" del Gobierno de España en esta materia desde 2021 y cómo está afectando al medio rural, la ganadería extensiva y la biodiversidad de ambos territorios. Cabe recordar que las dos comunidades autónomas decidieron recurrir la decisión del Ejecutivo ante la Audiencia Nacional, al entender que esta medida "había sido adoptada unilateralmente, con importantes defectos en su tramitación, sin evaluar la anterior estrategia o sin hacer previamente un censo de los lobos en los territorios como fundamento científico". 

Exclusión a Castilla y León y Galicia

Los consejeros de Medioambiente de Castilla y León y Galicia recuerdan que sus comunidades autónomas fueron "excluidas" del reparto de 20 millones de euros reservados al lobo, tras no suscribirse a esta nueva Estrategia Nacional para la conservación y gestión de dicha especie. 

 Una negativa que se hizo, recuerdan, "a pesar" de ser un importe aprobado en Conferencia Sectorial, como también "los criterios de su reparto y su distribución", que "sólo necesitaba" la resolución del Secretario de Estado para su entrega a ambas comunidades, pero igualmente se les negó.

Y es que, como recuerdan ambos consejeros, "un mes después, y en contra de lo acordado en el marco de la Conferencia Sectorial, el Ministerio comunicó su decisión unilateral de vincular el acceso a estos fondos a la suscripción previa de dicha Estrategia". Un acuerdo que se aprobó "A pesar del voto en contra de las principales comunidades loberas, es decir, Galicia, Castilla y León o Cantabria, que entre las tres concentran entre el 93% de los lobos de toda España. Un reparto territorial de los 20 millones de euros, de los que Galicia recibiría 4,3 millones y Castilla y León 8,8 millones, es decir, el 65 % del total

Esta decisión del Gobierno de España es para ambas Comunidades por "motivos políticos" y no tiene "fundamento jurídico, además de discriminar y perjudicar a los ganaderos" de Galicia, Castilla y León. Los consejeros recordaron que esto significa que esos fondos se están "hurtando" realmente a los ganaderos de ambas autonomías.

Por este motivo, la Junta de Castilla y León formalizaba una reclamación previa a la vía judicial, pidiendo al Gobierno de España que transfiera las partidas aprobadas, sin perjuicio de la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo. Por su parte, la Xunta decidió recurrir la exclusión de Galicia del reparto de los presupuestos del Estado comprometidos con el lobo mediante el contencioso-administrativa.

En este sentido, ambos consejeros coincidieron en la necesidad de agotar "todas las vías a su alcance" para garantizar el equilibrio en los territorios entre el lobo y el medio rural y sus habitantes.