La situación de los funcionarios de Justicia es crítica y, lejos de mejorar, va empeorando cada día. Lo que parecía que serían unos días de paros parciales, se ha acabado convirtiendo en una amenaza de huelga indefinida. El día 17 comenzaban a reducir sus jornadas en forma de protesta para que se les escuchara ante la posible entrada en vigor de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO). Más tarde hacían paros de 24 horas y, recientemente, anunciaban una huelga indefinida desde el próximo 22 de mayo.

Los mensajes son claros: “Retribuciones justas, funciones claras y definidas”. Sin embargo, parece que, por ahora, nadie escucha sus peticiones. El hartazgo de estos trabajadores ha llegado a niveles extremos y aseguran que, si tienen que paralizar todo para que se les escuche, lo harán. Sin embargo, se trata de una manifestación que viene de atrás ya que quienes primero allanaron el camino fueron los letrados que comenzaron con las movilizaciones en enero y finalizaron en marzo.

Ellos sí que lograron un acuerdo con la ministra de Justicia, Pilar Llop, ya que una de las reivindicaciones que tenían era percibir un 85% de la remuneración salarial de jueces y magistrados. Lo que se traduce en un aumento de 600 euros de media al mes. Finalmente, aceptaron un incremento de 450 brutos.

Con los funcionarios se ha reunido dos veces, pero “sin ninguna propuesta y acuerdo”, así lo explica Rodolfo de la Peña, trabajador del cuerpo de gestión del Juzgado de Instrucción de Valladolid, a El Español- Noticias de Castilla y León. La participación está siendo alta en el colectivo, con un 80-85%. Para ellos, la “gota que ha colmado el vaso” es que los letrados hayan conseguido recibir un aumento salarial por funciones que, explican, hacen ellos: “No puede ser que estén recibiendo un dinero por algo que no hacen”. Asimismo, afirma que "han herido la dignidad del personal de Justicia”.

Una de las peticiones que más realizan es que “definan claramente” sus funciones: “Siempre hemos hecho más de lo que tenemos que hacer. Es el momento de acabar con que ellos hagan el trabajo y sean otros quienes lo cobren". Conforman el 93% de la plantilla y, aun así, “no se nos escucha”.

Además, se niegan a que la LOEO entre en vigor puesto que pierden “muchísimos derechos adquiridos”. En el caso concreto de Rodolfo, trabaja en el Juzgado de Instrucción y ha tenido que estar en torno a 14 años moviéndose por Madrid, Palencia y Valladolid (en lo penal) para poder alcanzar su puesto actual. En caso de que la ley entre, significa que esos derechos no sirven: “Va al criterio del letrado. Te pueden mover donde quieran, a otro ámbito o ubicación. No respetan la antigüedad y todo lo mueven ellos. Es una vergüenza”.

Lo que está ocurriendo actualmente es un “efecto cascada”. Comenzaron los letrados con las manifestaciones, fueron los jueces y ahora son los funcionarios. Sin embargo, parece que a estos últimos es a los únicos a los que no se les escucha y sin ellos “no hay Justicia”: “Lo que tendrían que haber hecho es hablarlo en la Mesa de Negociación con todos. No con unos sí y otros no”.

La huelga, pese al gran éxito de participación, también supone un quebradero de cabeza para algunos trabajadores. Estar manifestándose influye en el sueldo y se traduce en pérdidas: “Llevaré unos 600 euros menos en la nómina. Son 100 euros por cada día entero y 40 por los paros parciales”. Por ello, algunos no quieren movilizarse debido a la falta de dinero que supone y a la acumulación de trabajo: “Ese es el mal endémico, creer que los expedientes son de uno. Si hay un retraso o acumulación parece que la culpa es tuya, pero esto es una cadena”.

Pese a las continuas movilizaciones y amenazas, De la Peña está convencido de que terminarán escuchándolos y poniendo solución: “Llegaremos a un acuerdo. Está claro que la compensación va a ser menos de lo que nos merecemos”. Pero es que sentarse a hablar es más necesario que nunca porque las continuas paralizaciones están provocando un “colapso total” en la Justicia. En Castilla y León, el Juzgado de lo Social ya está señalando juicio para “bien entrado” el próximo 2024 y ocurre lo mismo con los Juzgados de Instancia.

“No podemos permitirnos que dure dos meses como la de los letrados, sino no se podría recobrar en la vida, sería casi imposible de levantar la acumulación”, apostilla. Por ello, es más necesario que nunca “llegar a un acuerdo” porque la tramitación la llevan ellos y, sin ellos, recuerdan que “no hay Justicia posible”.