La Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte) reclamó hoy al Gobierno un incremento de la financiación de las plazas de los centros residenciales y una mejora de las prestaciones vinculadas al servicio (PEVs) para que se igualen al precio de concierto, según informa la agencia de noticias Ical.

De lo contrario, las personas mayores más vulnerables “se verán discriminadas”, al no poder hacer frente a los más de 2.000 euros que costará una plaza residencial. Y es que el objetivo de la patronal que agrupa a 250 empresas del sector de la atención de personas mayores es que “ningún usuario pague un euro de más”.

Con motivo de la celebración de la asamblea general ordinaria en Valladolid, el presidente de Acalerte, Diego Juez, se refirió a los retos a los que se enfrenta el sector para garantizar su viabilidad y preservar la calidad de la atención a las personas mayores. Sostuvo que Castilla y León no puede perder ninguna plaza en la Comunidad si quiere seguir manteniendo ese carácter pionero que le permitió revolucionar el modelo de centros hace ya una década y colocarse como líder en España.

Una demanda que surge después de reiterar la oposición de Acalerte al acuerdo de acreditación de centros, aprobado por el Gobierno central, que introduce cambios sustanciales y que nace con la incertidumbre de cómo se va a financiar, la fecha límite de adaptación (2029) y evitar que el incremento de las ratios de personal y requisitos no recaiga en los bolsillos de los usuarios.
En la reunión, el CEO de Gerokon, Aitor Pérez Artetxe, habló sobre la ‘Sostenibilidad del nuevo modelo asistencial’, al ofrecer posibles soluciones para sacar al sector de la incertidumbre actual y poder garantizar así la viabilidad, la eficiencia y la calidad de la atención.

Del mismo modo, se abordó la contratación laboral y la dificultad a la que se enfrenta el sector para encontrar personal cualificado y profesional que atienda a las personas mayores. No es un problema exclusivo de Castilla y León, ya que, tal y como precisó Diego Juez, la falta de personal de atención a las personas mayores es un “problema endémico” en España.

En este sentido, el presidente de Acalerte destacó el esfuerzo que realiza el sector para prestar la mejor atención a las personas mayores más vulnerables, tratando de sortear las dificultades derivadas de un contexto inflacionista.

También se abordó la Ley de Discapacidad y se repasaron las actuaciones realizadas por Acalerte durante el último periodo como, por ejemplo, las jornadas de formación que está desarrollando para la acreditación de las residencias en el nuevo modelo de eliminación de las sujeciones en los centros de personas mayores o el curso de directores de centros de Servicios Sociales que tuvieron este año por cuarta vez.