Amnistía Internacional Castilla y León ha recogido en un documento recomendaciones para que la elaboración de la futura Ley de Atención Residencial que planteará el Gobierno de la Comunidad "tenga un enfoque en los Derechos humanos".

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha anunciado su intención de elaborar un Proyecto de Ley por la que se regula la acogida y atención residencial de personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León. Por ello, Amnistía Internacional valora muy positivamente esta iniciativa y considera que es una oportunidad para asegurar que la política de atención residencial de la Comunidad se adapte a los estándares internacionales de derechos humanos, de manera que queden suficientemente garantizados los derechos de todas las personas mayores y/o con discapacidad alojadas en residencias.

El pasado mes de enero se presentó un informe sobre la situación de las residencias de personas mayores durante la pandemia. En dicho documento se recogían algunos de los fallos y situaciones vividas durante la primera ola y que deberían haberse evitado, así como una serie de recomendaciones, a corto, medio y largo plazo, para proteger los derechos de un colectivo especialmente vulnerable.

Ahora, desde Amnistía Internacional Castilla y León, se vuelven a proponer al gobierno de la Junta de Castilla y León algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de elaborar este anteproyecto de ley asistencial.

Recomendaciones 

Desde el organismo piden que la nueva normativa tenga perspectiva de derechos humanos y de género, en línea con los estándares internacionales; en particular el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida privada y el derecho a la vida familiar.

También solicitan que la ley garantice la representación y participación adecuada de las personas mayores en el sector de servicios sociales, dependencia, salud y residencias en su elaboración para desarrollar políticas públicas adecuadas para la gestión sanitaria de las residencias.

Desde Amnistía Internacional asegurar que las residencias están facultadas para desarrollar protocolos de visitas que respeten los derechos humanos y por ello,piden revisar el sistema de inspecciones de centros residenciales de personas mayores, para asegurar que la actuación inspectora se lleva a cabo de manera efectiva para velar por el respeto de los derechos de las personas residentes.

Datos

A finales del año 2020, y según los datos proporcionados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en nuestra comunidad autónoma casi el 97% de las personas fallecidas eran mayores de 60 años y hasta un 47% vivían en residencias. Además, las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia fueron inadecuadas y vulneraron los derechos de las personas que vivían y viven en residencias; en concreto el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación. 

Por ello, queda claro que es necesaria, no solo la aprobación de una ley de asistencia en residencias, si no que esta cuente con un enfoque de derechos humanos que garantice que los derechos de estas personas no se van a volver a vulnerar y que no van a ser objeto de discriminación.