El juicio con jurado por presunto delito de cohecho contra el funcionario del Ayuntamiento de Valladolid acusado de beneficiar al grupo API Movilidad en la concesión de distintos contratos de señalización, a cambio, supuestamente, de dádivas o prebendas, entra este jueves en la fase de periciales, antes de que el viernes las partes expongan sus informes definitivos.

El cuarto día del juicio, que se inició el viernes con la constitución del jurado, ha continuado con otra media decena de testigos propuestos por la defensa del acusado y su testimonio ha sido favorable a sus intereses, a excepción de José Ignacio C, exmiembro de la Secretaría Ejecutiva de Urbanismo, y la que fuera jefa de dicho departamento, Isabel R.S, en el sentido de que sus declaraciones vierten ciertas dudas respecto del leal proceder del funcionario José Luis G.M.

Y es que el primero de ellos, jubilado desde hace año y medio, no ha podido por menos de mostrar su extrañeza ante el hecho de que en uno de los polémicos contratos de señalización adjudicados al grupo API Movilidad, el de 2008, con un presupuesto de más de 2.882.000 euros, la mercantil adjudicataria ofreciera 'mejoras' por valor de 1.100.000 euros.

ES UNA MEJORA "DESPROPORCIONADA"
"Esa mejora no tiene mucho sentido, es desproporcionada", ha advertido el extécnico al comparar lo que iba a recibir la empresa y el elevado importe que ésta ofrecía en el capítulo de mejoras.

Tampoco ha beneficiado los intereses de la defensa el hecho de que la entonces jefa de la Secretaría Ejecutiva de Urbanismo, Isabel R.S, pese a indicar que no era infrecuente con los criterios incorporados por los técnicos a los pliegos de los contratos fueran objeto de correcciones a posteriori, al objeto de ajustarlos a los pliegos tipo de la Secretaría General, ha reconocido que con respecto al contrato de 2015 los servicios jurídicos llegaron a encontrar una veintena de errores en los criterios técnicos del encausado que éste seguía sin subsanar a pesar de los cuatro informes emitidos.

Por su parte, el entonces edil de Movilidad, que hoy aglutina también el de Espacio Urbano, el socialista Luis Vélez, ha explicado que cuando la Junta de Gobierno acordó paralizar la adjudicación de los dos lotes de señalización a dos empresas del grupo API se hizo fundamentalmente por "criterios técnicos y de interés público", al entender que la contratación de la señalización debía seguir criterios "territoriales", en lugar de mantenerse la horizontal y vertical.

El concejal, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha añadido que en esa paralización de la adjudicación--las empresas afectadas recurrieron al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcyl) y éste dio la razón a las mercantiles--tuvo también algo que ver que "surgieron dudas" ante el hecho de que dos sociedades que se presentaron a concurso fueron apeadas del proceso por supuesta baja temeraria o desproporcionada.

Sin embargo, en las postrimerías de su declaración Vélez ha apuntado que, pese a aquel intento de cambio en la adjudicación en favor del criterio 'territorial', en la actualidad este tipo de contratos se siguen otorgando por señalización horizontal y vertical y que incluso el primero de ellos continúa realizándolo API Movilidad.

Entre los distintos testimonios figura igualmente el aportado por el hoy sucesor del acusado en la tarea de determinar los criterios técnicos en los pliegos de los contratos de señalización, José M.J, quien ha mantenido que en la actualidad el presupuesto de señalización es superior al que regía en 2015, cerca de 150.000 euros a mayores, aunque también ha apostillado que la adjudicataria ha ofrecido hacer los trabajos por menos precio.

La utilización de un vehículo por parte del acusado, facilitado por API Movilidad, ha planeado a lo largo de los distintos interrogatorios. Al respecto, todos los testigos han asegurado que las distintas empresas que concurrían a los concursos ofrecían este tipo de servicio, aunque también han apostillado que el turismo en cuestión estaba a disposición del técnico encargado de certificar el segumiento de los trabajos solo para este cometido, no para uso particular, en contra de lo que las acusaciones sostienen que ocurrió en este caso.

"El coche estaba a disposición del técnico municipal pero era el jefe de obra de la empresa adjudicataria el que hacía de chófer y te trasladaba hasta el lugar indicado", ha indicado el hoy sucesor del procesado en la elaboración de los pliegos técnicos de señalización.

A favor de los intereses del acusado juega también el hecho de que este mismo testigo haya reconocido que en una ocasión él mismo, una vez que se hizo cargo de la labor de José Luis G.M, emitió una valoración en un contrato que la mesa de contratación no entendió adecuado y dicho órgano pidió el informe de otros dos técnicos a modo de complemento, así como que al asumir el contrato de 2015 sufrió una auditoría interna por parte del Ayuntamiento, encargado a un técnico externo, y la valoración del mismo "fue muy positiva".

El capítulo de testificales la ha cerrado, también propuesto por la defensa, la realizada por Miguel Ángel B, de la Brigada de Señalización del Ayuntamiento desde 1999, quien ha asegurado haber realizado los trabajos "codo con codo" con empleados de API Movilidad, sin que jamás se haya producido problema alguno y sin que se detectara irregularidad o contratiempo alguno.

EL JURADO MÁS ACTIVO
La jornada, al igual que en días precedentes, ha estado marcada por la numerosas preguntas formuladas por el jurado a través del magistrado presidente del tribunal de jurado, algo que ya el día anterior llevó a este último a valorar y a destacar por lo inusual de experiencias precedentes.

El juicio entra mañana jueves en la fase de periciales a cargo del vicesecretario general del Ayuntamiento, José Manuel M.F, y del comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, Miguel Ángel del D.B, mientras que el viernes será el día de los informes finales. Para el lunes el jurado contará ya con el objeto del veredicto.

Con carácter provisional, el funcionario municipal se expone a una condena de entre cuatro años y siete meses de carcel que pide la fiscal del caso y los tres que solicita el Ayuntamiento, en calidad de acusador particular, junto con multas de 15.000 y 6.480 euros, respectivamente, y su inhabilitación por espacio de diez años y medio, además de la responsabilidad civil a concretar.

Los acusadores sostienen que el acusado benefició a API Movilidad en distintos contratos a cambio de una serie de prebendas, entre ellas el citado turismo, el contrato firmado a su hijo dentro del grupo empresarial y otra serie de obsequios, entre ellos jamones y entradas de fútbol y corridas de toros.