El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha mostrado su preocupación por la situación de los mayores que reciben atención domiciliaria y de las personas que prestan los servicios de ayuda a domicilio en la actual situación de emergencia sanitaria y ha pedido la elaboración de un "protocolo único, común y específico" para que esta ayuda a domicilio se realice conforme a pautas de actuación y medidas de prevención adecuadas a las actuales circunstancias y sirva de base, previa modulación de las medidas previstas, a una futura situación de normalidad.

A través de una resolución remitida a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades fruto de una actuación de oficio, el Defensor del Pueblo en Castilla y León argumenta que tanto las personas que reciben el servicio como las que lo prestan -- "normalmente mujeres que rotan por varios domicilios", recuerda-- están sometidas a un riesgo diario, lo que justifica la "mayor importancia" de extremar las medidas de protección y seguridad que eviten el contagio y la transmisión a las personas a las que cuidan o a miembros de su entorno.

"Parece oportuno establecer estrategias particulares e individualizadas para el sector de trabajadoras de los servicios comunitarios mediante la elaboración de un protocolo de actuación diseñado para proteger tanto a las personas mayores usuarias del servicio como a quienes los cuidan en sus domicilios", insiste el Procurador del Común.

Quintana apela a este respecto a las pautas de actuación aplicadas en Andalucía, Aragón, Galicia, País Vasco o Madrid, que se han dotado de guías de actuación o protocolos con medidas preventivas y de protección para el colectivo que presta el servicio, relativas a la higiene personal, la limpieza del domicilio, el manejo de ropa y objetos o a la gestión de residuos; de prevención y protección individual en relación con la atención que se ha de dispensar a personas con COVID-19 en sus domicilios junto a medidas a considerar en la organización de la prestación del servicio por parte de las empresas del sector y la formación de los trabajadores para la aplicación de las medidas preventivas.

Por todo ello, Quintana ha pedido a la Administración de Castilla y León que, en coordinación con todos los agentes implicados en el ámbito sociosanitario, elabore un "protocolo único, común y específico" para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad "como herramienta diferente y complementaria de las recomendaciones generales existentes" en el que se establezcan las pautas específicas de actuación ylas medidas de prevención concretas para el desarrollo de la actividad en elentorno actual de la crisis sanitaria.

Además, insta a remitir ese protocolo a todas las administraciones prestadoras del SAD, mediante gestión directa o indirecta, para su aplicación en todo el territorio de la Comunidad y velando por su efectivo cumplimiento.

En esa actuación de oficio promovida por el Procurador del Común, se parte tanto de la realidad que afecta a las personas mayores, usuarias del servicio, como de la propia de las auxiliares de ayuda a domicilio, dado que unas y otras son personas en situación de especial vulnerabilidad ante cualquier infección, especialmente en estos tiempos, a la COVID-19.

"Las primeras por su edad avanzada y las normales patologías inherentes a la edad, y las segundas por su exposición, debido al contacto estrecho con los usuarios del servicio -que además residen en diferentes domicilios y normalmente mantienen contactos confamiliares y allegados-, por lo que los propios trabajadores pueden convertirse, además, en un vector transmisor del virus", advierte.

Según recuerda, desde el pasado mes de marzo se cuenta con un Documento Técnico deRecomendaciones de Actuación desde los Servicios Sociales de Atención Domiciliaria ante la crisis por Covid-19, aplicables en todo el país, recomendaciones desarrolladas en el ámbito de Castilla y León por la Administración autonómica mediante una serie de indicaciones referidas al Servicio de Ayuda a Domicilio.