El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez; el presidente del CES, Enrique Cabero; el del Consultivo, Agustín Sánchez de Vega; el Procurador del Común, Tomás Quintana; y el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, han rubricado este lunes el convenio para promover la transferencia del conocimiento mediante la participación y organización de acciones formativas y de investigación.

El objeto de este convenio es articular la cooperación entre las partes para promover la participación del personal en actividades formativas y de investigación promovidas por cualquiera de las entidades y cuyo objetivo sea considerado de interés para su personal.

Durante el acto, Ángel Ibáñez ha destacado la importancia de este convenio, "que va más a allá de un mero acuerdo", por cuanto significa una nueva herramienta "para el impulso de los empleados públicos de la Comunidad".

"Todas las acciones que repercutan positivamente en su progreso y crecimiento son de suma importancia para nosotros, y lo son porque de la mejora en las competencias de los profesionales depende buena parte de la calidad en la prestación de los servicios públicos, esa calidad demostrada que lidera ratios de excelencia en todo el país", ha señalado Ibáñez.

Asimismo, el consejero de la Presidencia ha subrayado que el convenio permitirá abrir la formación de la Junta a todos los empleados públicos de la Comunidad independientemente de donde presten sus servicios, ya que hasta ahora podían acceder a la formación los empleados de la Junta, entidades locales y personal de las universidades públicas, y a partir de la firma podrán hacerlo también los casi 120 empleados de las Cortes de Castilla y León y los cerca de 150 de las Instituciones Propias de la Comunidad.

Este convenio pretende además ser responsable con el futuro, ya que, como ha explicado el consejero, las diversas instituciones firmantes comparten "la importancia de la generación y transferencia de conocimiento comprometido con el desarrollo sostenible y los principios de las Unión Europea en lo referente a la Agenda 2030".

Por parte de la Junta de Castilla y León, las acciones formativas y transferencia del conocimiento se canalizarán a través de la ECLAP, dependiente de la Dirección de Función Pública de la Consejería de la Presidencia. Una escuela que solo en el presente año, y a pesar de las circunstancias vividas fruto de la pandemia, ha mantenido un ritmo notable en las acciones formativas, ya que ha celebrado más de 300 cursos y alcanzando alrededor de 20.000 empleados públicos.

En este sentido, el consejero ha ensalzado la calidad de la Escuela y ha anunciado que, fruto de la negociación con las organizaciones sindicales, y por unanimidad, se ha aprobado en la Comisión de Formación para el Empleo de la Administración el Plan ECLAP 2021, que verá su concreción en el BOCYL en los próximos días del mes de diciembre.

Por otro lado, Ibáñez ha puesto de manifiesto que la Escuela ha ido adquiriendo conocimiento, experiencia y nuevas competencias no previstas en su norma desde su creación.