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Sociedad
La CNMC interpone un recurso a la Ordenanza de servicios de autotaxi del Ayuntamiento de Valladolid
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha interpuesto un recurso al Ayuntamiento de Valladolid por la ordenanza reguladora para los servicios de transporte público de viajeros en autotaxi aprobada el pasado mes de julio.
El regulador explica que tras no recibir respuesta del Ayuntamiento al requerimiento emitido hace unas semanas, ha decidido interponer recurso especial contra la citada ordenanza. La CNMC previamente había impugnado aspectos de la anterior Ordenanza Reguladora del 9 de enero de 2018.
Según la CNMC, la nueva ordenanza reguladora de 2020 reproduce la mayoría de contenidos contrarios a la LGUM de la ordenanza de 2018 objeto de recurso por parte de la CNMC.
El Ayuntamiento vallisoletano aprobó esta Ordenanza reguladora del funcionamiento del Área Territorial de prestación conjunta de Valladolid y su entorno (ATPCVA), que fue publicada el pasado 2 de julio, después de que el texto anterior, aprobado en 2018, quedara anulado por sentencia judicial en noviembre de 2019.
Esta ordenanza regula el funcionamiento del servicio de taxi en la capital vallisoletana y en 23 municipios del alfoz, por lo que a partir de su publicación se recupera el sistema por el cual los taxis de la capital podrán atender servicios en los pueblos y viceversa con una tarifa unificada.
El TSJCyL declaró nula en noviembre de 2019 la Ordenanza Reguladora tras la demanda de siete taxistas, con lo que ésta dejó sin efecto algunos aspectos fundamentales dentro del sector como las paradas metropolitanas, los descansos de los en torno a 470 vehículos que trabajan en la provincia y la exclusividad en el trabajo para los taxistas.
Entre otras restricciones están la limitación general del número de licencias por cada titular a una sola prevista, la moratoria de 3 años (o 5 años si se es titular de 2 o más licencias) antes de su transmisión y la limitación del número de asalariados a dos por licencia, así como la exigencia de un permiso de conducción adicional al permiso exigido por la Dirección General de Tráfico.
El Ayuntamiento de Valladolid apunta que el recurso de CNMC alude a artículos que fueron sugeridos por asociaciones de taxi
El concejal de Movilidad y Espacio Urbano del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Vélez, ha explicado que el recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra la Ordenanza que regula la prestación del servicio de autotaxi en la ciudad y 23 municipios del alfoz alude a artículos que fueron solicitados por las asociaciones del sector.
En declaraciones a Europa Press, Vélez ha señalado que el recurso presentado por la CNMC "no tiene consecuencias prácticas" en la prestación del servicio en estos momentos y ha apuntado que se resolverá después de un proceso "largo" en el que espera que en un determinado momento la Comisión pida al Ayuntamiento que aporte información y realice alegaciones.
Vélez ha añadido que la ordenanza se elaboró "en colaboración" con asociaciones del sector del Taxi y en la ciudad y en la provincia y, de hecho, los artículos que recurre la CNMC se incorporaron "porque lo pedían las asociaciones".
El edil de Movilidad y Espacio Urbano ha recordado que este organismo ya recurrió la anterior ordenanza, presentada en 2018, pero el proceso de resolución no se culminó debido a que en noviembre de 2019 una estancia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulaba ese texto.
El Ayuntamiento de Valladolid inició entonces los trámites para aprobar una nueva ordenanza que corrigiera y sustituyera a la anulada, proceso que culminó el pasado mes de julio con la aprobación y publicación del actual texto, que es el que ha recurrido nuevamente la CNMC.
Según Luis Vélez, este organismo ha recurrido ordenanzas "de este tipo" en muchas ciudades españolas y, en el caso de Valladolid, se interpone a raíz de una demanda por parte de "varios taxistas individuales". Todo ello, ha recordado el edil socialista, pese a que no se habían presentado alegaciones en el periodo de información pública, que estuvo abierto durante un mes.
