La defensa de Laura M.V, hija del dueño del grupo de empresas funerarias El Salvador de Valladolid, ambos en prisión junto a un hermano de la primera por el supuesto fraude destapado a finales de enero y que afectaría a cerca de 6.000 difuntos, a quienes habrían cambiado el féretro por otro, de peor calidad, antes de su incineración, ha recurrido la fianza de 400.000 euros impuesta para poder recuperar su libertad.
En su recurso de reforma ante la propia juez de Instrucción 6 y, subsidiariamente, de apelación ante la Audiencia Provincial, al que tuvo acceso Europa Press, el despacho de Guillermo Ruiz Blay solicita la excarcelación de Laura, sin fianza y sin medidas cautelares de ningún tipo, tras reiterar su inocencia y advertir de la injusticia cometida con ella.
"Entendemos que la única opción es la libertad para salvaguardar los derechos de una persona inocente porque, señoría, en este caso la sociedad vallisoletana y española están contemplando la prisión de una inocente", apunta Ruiz Blay, quien, no obstante, entiende la dificultad de la instructora a la hora de asimilar que "todos los hechos
expuestos en un atestado policial son falsos, pero el error viene provocado por un sociópata obseso", en alusión al extrabajador del grupo de empresas que tras jubilarse fue condenado por extorsionar a sus dueños y cuya documentación recogida a lo largo de dos décadas constituye la principal prueba de cargo contra los veinticinco investigados.
Para fundamentar la petición de libertad, el bufete encargado de la defensa insiste en que ya en su declaración, pese a que en el auto de prisión recurrido "se considera que la misma no podía ser ajena a las actividades", Laura explicó que durante su vida laboral acudía al tanatorio para echar una mano, "como hace todo hijo que ayuda en el negocio familiar", y en este sentido recrimina que ésta "se encuentra en prisión por ser hija de su padre, no hay otro motivo o, al menos, no se infiere ningún otro de la presente instrucción".
Pero además, con respecto a la fianza impuesta, primero de 800.000 euros que luego fue rebajada a 400.000, el letrado Ruiz Blay entiende que la misma está "monetizando la libertad, vinculando un derecho fundamental a la capacidad económica de cada uno y no a hechos objetivos".
"Pero esta defensa ya no interesa ni una reducción, únicamente procede la libertad en sus términos más absolutos, pues lo único que empieza a valer 400.000 euros es el perjuicio que se le está ocasionando a Laura con esta injusta prisión preventiva".