El embalse de Ricobayo, ubicado en Zamora Ical
La Junta da luz verde a una macrogranja con más de 3.000 cerdos a cien metros del límite del embalse de Ricobayo
En una superficie que supera los 130.000 metros cuadrados y contará además con varias naves de gestación, recría y almacenamiento de purines.
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La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la construcción de una granja porcina con capacidad para más de 3.100 cerdas y lechones hasta destete en el término municipal de San Cebrián de Castro, en Zamora.
La instalación estará situada a apenas cien metros del límite del embalse de Ricobayo, en una superficie que supera los 130.000 metros cuadrados y contará además con varias naves de gestación, recría y almacenamiento de purines.
La autorización ambiental, emitida por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se concede tras someter el proyecto a evaluación ambiental y al trámite de información pública, en el que no se recibieron alegaciones de vecinos ni entidades "según recoge la resolución".
El proyecto está promovido por Ganadería Soto Pajares S.L. y contempla la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para el sector porcino, según recoge el Boletín Oficial de Castilla y León del pasado lunes, 10 de noviembre.
Entre las condiciones impuestas por la Junta destaca la gestión de purines, cuyos residuos líquidos alcanzarán casi 17.400 metros cúbicos al año.
Para ello, se instalarán balsas cubiertas, sistemas de separación sólido-líquido y medidas de control que buscan evitar filtraciones y olores. Se exige también la impermeabilización de las estructuras y la vigilancia permanente de aguas subterráneas mediante piezómetros.
Las distancias mínimas a elementos sensibles quedan recogidas en la resolución: el núcleo habitado más cercano está a más de 3 km, y no existe coincidencia territorial con espacios protegidos ni afecciones directas a especies vulnerables.
Sin embargo, la granja se enclava en una "zona vulnerable a contaminación por nitratos", lo que obliga a respetar la normativa específica para este tipo de explotaciones, según se indica en el Bocyl.
El expediente fija un consumo anual de agua cercano a los 24.500 metros cúbicos, captada de perforación propia, y prevé la generación eléctrica combinada entre grupo electrógeno y energía solar.
La entrada en funcionamiento deberá producirse en un plazo de cinco años desde la notificación oficial de la autorización. De no iniciarse la actividad en ese tiempo, la declaración de impacto ambiental quedará sin efecto, recalca la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
La Junta asegura en este mismo texto que "no se prevén impactos sobre la salud de las personas" según los informes técnicos incorporados y recalca que el seguimiento ambiental será permanente.
Además, el Gobierno autonómico apunta que frente valoraciones sociales y políticas que consideran "problemática" la proximidad de la macrogranja al embalse, la Administración autonómica defiende el cumplimiento de todas las garantías legales y ambientales exigidas en la normativa estatal y autonómica.
