El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en Zamora

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en Zamora

Zamora

El Gobierno ve bien transferir la gestión del Ingreso Mínimo Vital a las comunidades: "Lo importante son los resultados"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, cree que la prioridad debe ser "reducir la carga burocrática que enfrentan en demasiadas ocasiones quienes solicitan esta prestación".

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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha pronunciado positivamente sobre la petición de varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, de asumir la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El ministro ha asegurado en Zamora que no ve con malos ojos esta petición, y ha asegurado "están en curso procesos de transferencia de las competencias" hacia distintas administraciones autonómicas.

Bustinduy ha precisado que, más allá de quién gestione la prestación, "lo importante son los resultados". A su juicio, la prioridad debe ser "reducir la carga burocrática que enfrentan en demasiadas ocasiones quienes solicitan esta prestación" y garantizar un acceso más ágil y sencillo al sistema de ayudas.

El ministro ha defendido que la clave está en "simplificar y facilitar la vida de la gente". En ese sentido, Bustinduy ha valorado positivamente la delegación de competencias en las comunidades autónomas, siempre que redunde en "mayor efectividad y eficacia en un mejor servicio público".

Finalmente, Bustinduy ha reconocido que actualmente existe "demasiada gente que tendría derecho a percibirlo y no lo percibe". Por ello, ha insistido en que la cuestión esencial es mejorar los procesos de acceso al IMV. "¿Quién los gestione? Creo que es una cuestión secundaria", ha concluido.

Petición de Castilla y León

Como decíamos, una de las comunidades interesadas en esta transferencia de competencias es Castilla y León. Hace un mes, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Servicios Sociales, Isabel Blanco, había reclamado que el Gobierno transfiera la gestión del Ingreso Mínimo Vital, "en las mismas condiciones que se lo ha cedido a otras comunidades, como el País Vasco".

Según Blanco, esta transferencia es clave para que los beneficiarios no se limiten a recibir una ayuda económica, sino que logren salir de la exclusión social.

Blanco defendía entonces que la gestión autonómica permitiría vincular la ayuda a requisitos considerados fundamentales para "la verdadera inclusión", como la búsqueda activa de empleo y la asistencia escolar de los menores a cargo de los beneficiarios.

"Los servicios sociales son la puerta de entrada para todas las personas que lo necesitan, pero también tienen que servir de puerta de salida", afirmaba la consejera.