En el centro de la imagen, Rafael durante una de sus audiciones el Conservatorio de Almendralejo
La Audiencia de Zamora inhabilita al profesor acusado de abusos sexuales a cinco alumnas del conservatorio
El acusado continuaba ejerciendo como profesor de fagot en el Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo y se ha comunicado la medida a la Junta de Extremadura.
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La Audiencia Provincial de Zamora ha acordado la inhabilitación cautelar para el desempeño de cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto regular y directo con menores de edad para Rafael, el profesor de música acusado de abusos sexuales a cinco alumnas menores durante su etapa en el Conservatorio Profesional de Música 'Miguel Manzano' de Zamora.
El caso se remonta a hechos ocurridos entre 2008 y 2012, período durante el cual Rafael impartió clases en dicho conservatorio zamorano.
Las cinco víctimas, todas menores de edad en aquel momento, denunciaron abusos sexuales cometidos por el profesor diez años después de lo sucedido.
Estas denuncias dieron lugar a una investigación judicial que ha culminado en el procedimiento abreviado número 30/2024, en el que se imputan cinco delitos de abuso sexual recogidos en los artículos 183 y 181 del Código Penal.
La medida cautelar de inhabilitación fue solicitada por el Ministerio Fiscal tras conocerse que el acusado, a pesar de estar bajo investigación, continuaba ejerciendo como profesor de fagot en el Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo (Badajoz).
Allí fue localizado y detenido el 30 de mayo de 2024, después de que no se presentara al juicio previsto inicialmente para el 27 de mayo y tras la emisión de una orden de busca y captura.
Su defensa alegó problemas de salud para justificar su ausencia, pero no aportó documentación médica ni facilitó su paradero, lo que llevó a la Audiencia de Zamora a ordenar su arresto.
El tribunal ha fundamentado la inhabilitación cautelar en dos requisitos básicos: la existencia de indicios razonables que apuntan a la participación del acusado en los delitos y el riesgo que su permanencia en contacto con menores podría suponer para la integridad de estos.
Según la resolución, la protección de los menores en entornos docentes, especialmente en casos relacionados con delitos contra la libertad e indemnidad sexual, “exige la adopción de medidas cautelares” para evitar cualquier peligro.
El Ministerio Fiscal solicita una pena de doce años de prisión, con tres años por cada uno de los cinco delitos imputados.
Por su parte, la acusación particular, asumida por la Junta de Castilla y León, eleva la petición a dieciséis años de cárcel. Además, la Junta ya había adoptado "medidas en el ámbito administrativo" contra el acusado, aunque estas no resultaron efectivas fuera de la comunidad autónoma.
El acusado fue puesto a disposición judicial tras su detención y, aunque se valoró la prisión provisional, finalmente se le impuso una medida cautelar que obliga a comparecer semanalmente en el juzgado hasta la celebración del juicio oral, fijado para el 25 de junio de 2024.
La Audiencia ha dejado abierta la posibilidad de que esta inhabilitación cautelar se mantenga o cese en función de lo que se decida en la sentencia definitiva.
