Una empresa de fibra óptica destroza un yacimiento en Zamora: se investiga a siete personas, entre ellas, el alcalde

La Guardia Civil de Zamora investiga a siete personas como presuntas autoras de un delito contra el patrimonio histórico, tras descubrir que habían provocado daños en el yacimiento arqueológico del Viso, mientras instalaban fibra óptica en el término municipal de Madridanos.

Entre los investigados aparece el alcalde del municipio, Ángel Sánchez, tal y como ha confirmado a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. Sobre esto, el regidor asegura estar "muy tranquilo" con respecto a la investigación y defiende que él "solo firmó" la liquidación de tasas a la empresa involucrada.

A mediados de marzo, el Seprona tuvo conocimiento de la posible ejecución de trabajos de canalización para la instalación de fibra óptica en esta zona, que podían estar afectando al castro prerromano.

Tras una inspección in situ, los agentes comprobaron que el yacimiento en cuestión, un Castro Vacceo ubicado en la localidad de Bamba, había sido atravesado por una zanja de 70 x 40 centímetros, con una longitud aproximada de 447 metros lineales.

Y es que las obras habían extraído tierra y abierto una zanja para la colocación de la fibra óptica directamente sobre el yacimiento. Todo en una parcela que está catalogada y protegida por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León.

Durante la inspección, los agentes pudieron observar graves daños visibles, incluyendo el desprendimiento de material arqueológico cerámico "en fase fragmentada", en un espacio declarado Bien de Interés Cultural con categoría de 'Zona Arqueológica'.

Entonces, el equipo de investigación del Seprona identificó a la empresa adjudicataria de los trabajos y solicitó las autorizaciones necesarias para su ejecución. Durante estas pesquisas se identificó que se trataba de una empresa subcontratada por otra, que a su vez había sido contratada por la compañía Adamo, a quien el Ministerio para la Transformación Digital ha encargado estos trabajos.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, el Seprona se puso en contacto con el Servicio Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, quien le pudo confirmar que no existía autorización alguna para tales trabajos.

Además, los agentes pidieron un informe pericial al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora, con el fin de valorar la afección al yacimiento y la gravedad de los daños ocasionados.

El Ayuntamiento "sorprendido"

Fue también el Seprona el que comunicó el asunto al Ayuntamiento de Madridanos. En declaraciones a este periódico, su alcalde, Ángel Sánchez, asegura que "en ningún momento" se le había dado permiso a esta empresa para comenzar los trabajos.

El alcalde de Madridanos asegura que firmó una liquidación de tasas, por la declaración responsable, donde no se detallaba el paso por el yacimiento. "Su declaración habla de dos caminos y nunca de subir al cerro", precisa Ángel Sánchez.

Además, el alcalde indica que la empresa nunca comunicó al Ayuntamiento el inicio de las obras y recalca que es esta quien "debe tener los permisos", tal y como se presenta en la declaración responsable.

Ángel Sánchez se muestra "sorprendido" por lo ocurrido y explica que paró la obra "de inmediato" al conocer los destrozos que estaban provocando en el conjunto histórico.

Expediente sancionador

Hasta la fecha, siete personas han sido investigadas en el marco de estas diligencias por un presunto delito contra el patrimonio histórico, tipificado en el Título XVI, Capítulo II del Código Penal. Las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Zamora.

Además, el Instituto Armado informa de que este tipo de delitos contempla la protección frente al expolio, daños al patrimonio, así como la prevaricación de funcionarios públicos en relación con la concesión o falta de autorizaciones requeridas.

Por ello, la Junta de Castilla y León se mantendrá a la espera de la resolución judicial para inicial un expediente sancionador, ya que con la judicialización del caso, la vía administrativa queda temporalmente paralizada.