Irene Carvajal, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid
Vox pide rebajar la edad penal para delitos muy graves y reforzar la lucha contra las bandas juveniles en Valladolid
Presentará para su debate una moción en el pleno del próximo lunes, 27 de abril.
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El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Valladolid ha informado de que presentará para su debate en el pleno del próximo lunes, 27 de abril, una moción para “reforzar la seguridad ciudadana frente al incremento de la delincuencia juvenil violenta” y “la actividad de las bandas organizadas en Valladolid”.
La iniciativa, como señala el grupo municipal, parte de la “preocupación por el aumento de la presencia de bandas juveniles violentas” conocidas como “bandas latinas” y “tipificadas jurídicamente como grupos criminales”.
Aseguran que están integradas por jóvenes de “diversas nacionalidades y vinculadas a delitos graves como extorsión, agresiones físicas, tráfico de drogas, amenazas o tenencia ilícita de armas”.
Según recoge la exposición de motivos de la moción, estas organizaciones “no solo protagonizan enfrentamientos entre grupos rivales, sino que también suponen un riesgo directo para menores en situación de vulnerabilidad, a quienes captan mediante engaños, presión social o promesas de pertenencia”.
El texto subraya además la “creciente implicación de menores de muy corta edad, entre 12 y 13 años, en delitos de extrema gravedad”.
En este contexto, Vox hace referencia “al reciente asesinato de un joven en Valladolid presuntamente a manos de un menor inimputable de 13 años, un hecho que consideran especialmente alarmante y revelador de una problemática actual y no futura”.
Desde un enfoque criminológico, la moción defiende que la rebaja de la edad penal en supuestos excepcionales de delitos muy graves, junto con medidas de prevención temprana y coordinación institucional, son herramientas clave para frenar esta situación.
Asimismo, el Grupo Municipal Vox pone el foco en el uso de armas blancas “como cuchillos o machetes en agresiones cometidas por menores, lo que, a su juicio, exige una respuesta más contundente del sistema de justicia juvenil”.
En este sentido, proponen que el internamiento en “régimen cerrado sea obligatorio en casos de lesiones cometidas con este tipo de armas, garantizando siempre la proporcionalidad y la motivación judicial”.
Acuerdos propuestos
La moción incluye un total de cinco acuerdos de cara al pleno del próximo lunes, 27 de abril.
El primero pasa por instar al Gobierno de España a promover de manera inmediata la modificación de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, a fin de rebajar la edad penal de responsabilidad en casos de delitos especialmente graves.
Estableciendo mecanismos jurídicos que permitan una respuesta penal proporcionada, en supuestos de máxima gravedad, con salvaguardas que garanticen los derechos fundamentales y el interés superior del menor.
El segundo es el de instar asimismo al Gobierno de España a promover la modificación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para establecer expresamente que, cuando el hecho sea constitutivo de delito de lesiones cometido mediante el empleo de arma blanca (cuchillo, machete u otro instrumento de análoga peligrosidad).
El juez de Menores deberá imponer la medida de internamiento en régimen cerrado, fijando su duración conforme a los criterios legales y con la debida motivación, reforzando así la tutela de la vida e integridad física y la respuesta frente a la violencia grave.
El tercero se centra en solicitar formalmente a la Subdelegación del Gobierno en Valladolid la intensificación de las medidas de vigilancia, control y prevención de la actividad de bandas juveniles violentas en la ciudad y la revisión de permisos de residencia a inmigrantes implicados en bandas violentas.
El cuarto pasa por instar a la Junta a la Junta de Castilla y León para que promueva programas de prevención en centros educativos, con el fin de ofrecer alternativas educativas a jóvenes en situación de vulnerabilidad y evitar su captación por parte de estos grupos.
Y el quinto es dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, a la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, a la Delegación del Gobierno en Castilla y León al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales.
