Condenan a un funcionario de la CHD por asesorar a agricultores en Zamora y falsificar proyectos de pozos

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un funcionario de la Confederación Hidrográfica del Duero que, durante años, aprovechó su puesto para asesorar a agricultores y propietarios de fincas en trámites relacionados con pozos, captaciones de agua y expedientes sancionadores.

El acusado, técnico superior de Actividades Técnicas y Profesionales adscrito a la CHD, ejercía funciones de Guardería Fluvial en la provincia de Zamora.

Entre 2015 y 2020, y pese a que esas gestiones quedaban fuera de sus competencias, intervino en distintos expedientes sobre aprovechamientos de aguas subterráneas, legalización de captaciones y alegaciones administrativas.

Además, según la sentencia utilizó el contacto que tenía con agricultores de la zona y el acceso a información de la Confederación para tramitar documentación y prestar asesoramiento.

En algunos casos, cobró por ello. Las cantidades acreditadas van desde 150 euros por una autorización de captación de aguas en Toro hasta unos 3.000 euros por la legalización de un aprovechamiento que terminó siendo sancionado por la propia CHD.

La Audiencia considera probado, además, que el funcionario elaboró proyectos y memorias técnicas que aparentaban estar firmados por ingenieros agrónomos que, en realidad, no habían intervenido en esos trabajos.

En concreto, siete proyectos atribuidos a un ingeniero técnico agrícola no fueron confeccionados ni firmados por él, y al menos doce documentos que figuraban como elaborados por otra ingeniería habían sido realizados por el propio acusado.

Los expedientes afectados se localizan en municipios como Toro, Fuentesaúco, Vadillo de la Guareña, Villanueva del Puente y Tordesillas, y estaban relacionados con la regularización de pozos, captaciones de agua y modificaciones de concesiones.

El caso se ha cerrado por conformidad. El acusado reconoció los hechos, se declaró culpable y aceptó las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, que actuó en nombre de la CHD. La Audiencia apreció las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

Así pues, por el delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios, ha sido condenado a una multa de dos meses y quince días, con cuota diaria de seis euros, y a un año de suspensión de empleo público.

Por el delito continuado de falsedad en documento oficial, se le imponen seis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y otra multa de dos meses y quince días.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.