La Plataforma por la Integración presentará una querella criminal contra Carnero y Quiñones

La Plataforma por la Integración Ferroviaria anunció que se encuentra en la fase final de preparación de una querella criminal contra el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, así como el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como presuntos autores de un delito de administración desleal (tipificado en el Código Penal) debido a la “oposición injustificada” al desarrollo de los pasos de Ariza, “pieza clave” para la integración ferroviaria en la ciudad.

Según han informado los promotores, la acción judicial se fundamenta en la oposición “injustificada” al desarrollo de los pasos de Ariza, una infraestructura considerada “pieza clave” para la integración ferroviaria y la mejora de la movilidad urbana en la capital.

Los impulsores de la querella subrayan que la iniciativa “nace y se dirige desde la ciudadanía organizada”, con un perfil “estrictamente cívico y no partidista”.

En palabras de los portavoces, “Valladolid no puede seguir siendo rehén de decisiones políticas que bloquean soluciones técnicas viables y necesarias. Hemos decidido dar este paso para defender el interés general y el futuro de la ciudad”.

"Respeto"

Tras conocerse la noticia, el alcalde de Valladolid ha querido, a preguntas de los periodistas, recalcar su "respeto absoluto" a la decisión de la plataforma, así como trasladar el que entiende que tienen "todos los consejeros tanto del Ayuntamiento como de la Junta".

Un "respeto" que ha hecho extensivo también a la futura decisión judicial a este respecto y ha defendido que desde el Ayuntamiento de Valladolid están defendiendo "lo que entendemos que es el interés de la ciudad". Ha insistido en que así seguirán haciendo "tanto en la propia sociedad mercantil como con los ciudadanos".

Además, ha dejado claro que, a su juicio, no se ha producido una administración desleal y ha resaltado que "lo que tengamos que dilucidar se dilucidará a través de un cauce que es a través de la propia sociedad".

"En caso de que haya alguna cuestión que alguno de los socios entienda que no está adecuadamente conducida, tiene lógicamente el juzgado de lo mercantil", ha precisado.

También ha reconocido que por el momento no ha recibido ninguna notificación para la convocatoria de la Junta General de la SVAV para abordar la disolución ya adelantada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Y ha subrayado que a él lo que le preocupa es el "futuro de Valladolid". En esta línea, ha apuntado que la actuación en la estación de trenes de Valladolid va a suponer "un gravísimo quebranto para el bienestar y la vida de la ciudad".

"Por tanto hemos tomado la decisión de no acometer por ahora, precisamente, los pasos de Ariza en ese sentido. Y es lo que hay. Tenemos que defender el interés de la ciudad y es lo que nos ocupa y nos preocupa", ha zanjado.

Querella

El escrito de querella, que se presentará ante el Tribunal Supremo de forma inminente —debido a la condición de aforado de Jesús Julio Carnero—, incluye también a otros miembros de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, entre ellos Alberto Gutiérrez Alberca, José Ignacio Zarandona Fernández, Ángel Marinero Peral y María Pardo Álvarez.

Los colectivos firmantes consideran que la reiterada negativa de estos cargos públicos a apoyar los pasos de Ariza “carece de justificación técnica” y ha tenido un impacto negativo en la movilidad, la cohesión urbana y la seguridad peatonal.

Una vez registrada la querella, los impulsores ofrecerán una comparecencia pública para detallar su contenido jurídico y los próximos pasos.

La iniciativa permanece abierta a la adhesión de asociaciones vecinales, entidades ciudadanas y colectivos sociales que compartan su objetivo de “defender la buena gestión y el interés público” en los proyectos de integración ferroviaria.

Como era de prever, rápidamente el ministro y exalcalde, Óscar Puente, se ha alineado con esta plataforma y ha comentado en su red social de X: "Es sorprendente la frivolidad a la hora de tomar decisiones por parte de personas a las que se supone un conocimiento de las leyes superior a la media, en un ámbito además como el Mercantil, en el que las responsabilidades personales son distintas a las del ámbito administrativo".