Ayuntamiento de Laguna de Duero
Obligan al Ayuntamiento de Laguna de Duero a publicar una declaración de bienes tras años "oculta"
Una sentencia apunta que se debe garantizar el acceso a la declaración de bienes y actividades de un exconcejal desde octubre de 2007 y hasta el año 2015.
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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de León ha dictado una sentencia que obliga al Ayuntamiento de la localidad vallisoletana a publicar la declaración de bienes de un exalcalde y exconcejal tras varios años “oculta” a la ciudadanía pese a ser normativa autonómica y legal en materia de buen gobierno.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León desestima los recursos contencioso-administrativos interpuestos por los letrados de la Asociación Vecinal La Calle y el Ayuntamiento de Laguna contra una resolución de la Comisión de Transparencia de Castilla y León.
Resolución 125/2021 de dicha comisión, fechada el 5 de julio de 2021, por la que se “estimaba parcialmente la reclamación de la Asociación La Calle para garantizar el acceso a las declaraciones de bienes y actividades presentadas por un exconcejal entre el mes de octubre de 2007 y 2015”.
El Juzgado notifica dicha resolución a las partes haciéndoles saber que contra ella “cabe recurso de apelación” que “deberá interponerse en el plazo de 15 días a partir de su notificación” y del cual “conocerá la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”.
Piden "responsabilidades" al Ayuntamiento
La Asociación Vecinal La Calle de Laguna de Duero ha apuntado, a través de un comunicado recogido por este periódico que “durante años esta declaración nunca fue publicada en el portal de transparencia ni a disposición del público como exige la legislación”.
Afirman que “al constatar esta omisión” solicitaron formalmente el acceso a la publicación de la información y “recibió el rechazo por respuesta, primero por parte del afectado y después de la Alcaldía y de la Secretaría”.
Ante esta negativa acudieron al Comisionado de Transparencia y, después a los tribunales. “Desde el 5 de junio el Ayuntamiento acumula una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que reconoce el derecho del ciudadano a conocer esa información pública”.
La sentencia pide “la publicación actualizada de la declaración de bienes solicitada”. “Se trata de proteger la confianza pública en las instituciones
La Asociación La Calle apunta que “el acceso a las declaraciones de bienes y actividades de representantes públicos no vulneran la legislación de protección de datos”, según ha determinado la Agencia Española de Protección de Datos y órganos garantes del derecho a la transparencia.
“El cumplimiento de la Ley y el respeto al derecho de acceso a la información no son opcionales ni negociables. El Ayuntamiento ha puesto todos sus medios junto con los del afectado para impedir el acceso a la declaración de bienes mientras era cargo público, algo que ha truncado la sentencia del 5 de junio pasado”, añaden.
Por eso, desde la Asociación La Calle exigen “responsabilidades y garantías” y el cumplimiento “inmediato de la sentencia y la publicación de la declaración ocultada”. También la “depuración de responsabilidades políticas y administrativas por los hechos ocurridos”.
“Pedimos la implantación urgente de un protocolo de control y publicación automática de las declaraciones de bienes y actividades tal y como marca la normativa de transparencia”, finalizan.