Operación Cabila en Valladolid
VÍDEO | Jaque mate a un clan familiar que controlaba con santería y obligaba a prostituirse a mujeres en semiesclavitud
Seis detenidos son de origen paraguayo y dos peruanos. Fueron detenidos y están en libertad con medidas cautelares.
Más información: Desmantelan en Valladolid un clan familiar por explotación sexual: liberadas 13 víctimas, a las que controlaba con santería
La Policía Nacional ha informado, en la mañana de este lunes 26 de mayo, de la detención de los miembros de un clan familiar que se dedicaba a la trata de seres humanos con fines sexuales y que ha permitido liberar a un total de 13 víctimas.
El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, acompañado por mandos de la Policía Nacional ha informado de una compleja operación.
También han estado presentes Santiago Garabito Docio, jefe actal de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteas, Javier Oterino, jefe de la Comisaría Provincial de Valladolid y Rocío Rodríguez, inspectora del Equipo de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales.
Todo para presentar la Operación Cabila, en la que la Policía Nacional ha detenido en Valladolid a todos los miembros de un clan familiar, ocho personas como presuntas autoras de los de delitos de Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual.
Investigación
Una investigación que arrancó después de la toma de declaración de una víctima de Trata de Seres Humanos, que había sido captada por una mujer que la convenció para que ejerciera la prostitución en su “casa de citas” en Valladolid aprovechándose de la situación al encontrarse en España de forma irregular.
La mujer denunciante, como ha apuntado Jacinto Canales, la mujer no tenía posibilidad de obtener ingresos legítimamente y con la necesidad de enviar dinero a su país de origen para mantener a sus familiares que vivían en la extrema pobreza y dependían de ella para sobrevivir.
La víctima, desconocía el mundo de la prostitución y fue presionada para ejercer la prostitución en uno de los pisos-club que controlaba su familia en la ciudad vallisoletana.
Presentación de la operación Cabila en Valladolid
Dicha declaración dio inicio a una investigación que ha durado un año, habiendo sido empleadas por la Unidad actuante diversas técnicas operativas de investigación para lograr la total desarticulación de un entramado criminal de origen paraguayo y peruano.
Estaba formado por los miembros de un clan familiar asentado en Valladolid que ha llegado a controlar hasta seis pisos que funcionaban como club en esta ciudad, en los que explotaba sexualmente a sus víctimas, muchas de las cuales habían sido captadas en otros puntos de España e incluso en sus países de origen.
Además, en estos pisos se producía la venta de sustancias estupefacientes a los clientes de los servicios sexuales.
La encargada de captar a las víctimas para su explotación sexual en los pisos era la matriarca del clan, la cual también era la responsable de gestionar su traslado hasta allí.
El papel de la matriarca
Las víctimas recién captadas eran consideradas “de su propiedad” hasta que saldaban la deuda contraída por la financiación de su viaje hasta España o generaban suficientes ganancias para los investigados.
Por ello, durante los primeros meses en que las víctimas se encontraban bajo el control del clan familiar, la matriarca las alojaba en un piso controlado por su nuera, quien actuaba como encargada de su explotación sexual, fijaba las tarifas de los servicios de prostitución, cobraba a los clientes
También autorizaba a las víctimas sus breves salidas del domicilio para comprar víveres y productos de primera necesidad dado que tenía que darles su consentimiento para que pudieran salir del piso, permaneciendo el resto del tiempo hacinadas en la pequeña vivienda, en la que llegaban a pernoctar ocho mujeres repartidas en dos pequeños dormitorios con dos camas individuales cada uno.
Una característica definitoria de estos entramados de origen paraguayo es que las víctimas son a menudo captadas entre las mujeres más jóvenes y vulnerables de las propias familias de los tratantes, tal y como ocurre en este caso, en el que la principal captadora llegó a proporcionar a la red criminal mujeres de su propia familia para que fueran explotadas sexualmente, todo ello para mayor lucro económico de los integrantes del grupo criminal.
Las víctimas obtenían solo un porcentaje por los servicios sexuales que realizaban, o en el caso de haber contraído una deuda con el clan familiar no obtenían nada hasta que esta deuda era saldada. Además, debían estar disponibles las veinticuatro horas, sin días de descanso, ni siquiera por enfermedad, y sin poder elegir a los clientes ni los servicios sexuales que debían realizar.
Transcurrido un tiempo, el clan familiar trasladaba a las víctimas a otro domicilio, controlado esta vez por una de las hijas de la matriarca, que hacía las veces de encargada, restringiendo las salidas de las mujeres, cobrando a los clientes estableciendo los precios de los servicios de prostitución.
En este segundo domicilio las mujeres de nuevo debían dormir hacinadas en literas, y el ejercicio de la prostitución tenía lugar en las mismas condiciones penosas y abusivas, si bien además eran monitorizadas las veinticuatro horas mediante un sistema de videovigilancia instalado por los investigados.
Sin embargo, aunque la matriarca era quien captaba y conseguía a las víctimas, era su hija mayor quien se encargaba de la contabilidad de las ganancias del clan familiar, gestionaba la publicación de los anuncios de las víctimas en páginas web de servicios de prostitución, se coordinaba con las encargadas para controlar y coordinar el buen funcionamiento de los pisos y, en resumen, dirigía la acción criminal del clan.
La hija mayor, cuyo número de teléfono tenían grabado las víctimas en el móvil bajo el nombre de Santa Muerte, utilizaba la santería para intimidarlas e infundirles temor, hallándose de hecho en la ejecución de las diligencias de Entrada y Registro practicadas en los pisos dos altares de santería.
El encargado de proporcionar sustancias estupefacientes a los pisos era la pareja de la hija mayor, hallándose en los domicilios en el momento de la acción policial 14,23 gramos de cocaína distribuida en bolsitas de medio gramo, y 9,88 gramos de “tusi”, cocaína rosa, todo ello destinado a su venta a los “clientes” de servicios de prostitución.
Los hijos varones del clan familiar y un amigo íntimo de la familia también colaboraban en la acción criminal, ya fuera controlando la explotación sexual de las víctimas en ausencia de las encargadas principales, colaborando en la publicación de los anuncios de servicios de prostitución o como “taxistas-controladores” de las víctimas en las salidas para atender a clientes que solicitaba servicios sexuales a domicilio.
En el caso del amigo íntimo de la familia, este además actuaba de cara visible ante los arrendadores de los pisos, que desconocían el destino que se iba a dar a sus viviendas, creyendo que allí residiría una pareja joven, y formalizaban con él los contratos de arrendamiento de los inmuebles.
Este hombre, para procurarse la confianza de los arrendadores y simular que disponía de ingresos legítimos con los que abonar los alquileres, llegaba a proporcionarles documentos falsos.
Ocho detenidos
Hay ocho detenidos tras la investigación, seis de origen paraguayo y dos peruanos. La matriarca era de origen paraguayo. Han quedado en libertad provisional con medidas cautelares.
Mientras que hay 13 víctimas liberadas. Nueve paraguayas, dos peruanas, una argentina y una española de entre 19 y 25 años.
