Enfrenta dos años de cárcel por tener a 16 jornaleros sin contrato en un viñedo de la provincia de Valladolid

Dos años de cárcel. Esa es la pena que el Ministerio Fiscal solicita para un hombre, titular de una empresa de servicios agrícolas, que fue detenido por la Policía Nacional en septiembre de 2023 por tener a 16 jornaleros sin contrato durante la vendimia en una finca cuyo titular solicitó sus servicios del municipio de La Seca (Valladolid).

El Ministerio Fiscal considera al acusado presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, según el escrito de acusación al que ha podido acceder EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León. Los hechos, que ocurrieron en septiembre del 2023, serán ahora juzgados esta próxima semana en la sección nº4 de la Audiencia Provincial de Valladolid.

Según este mismo escrito, la Fiscalía considera probado que el acusado, en su condición de titular de una empresa de servicios agrícolas, fue contratado por el propietario de una finca de La Seca para la realización de unos trabajos de vendimia el 12 y 13 de septiembre del citado año.

Detenido por no dar de alta en la Seguridad Social a 16 vendimiadores rumanos en La Seca

Siempre según la Fiscalía, este segundo día, sobre las 11:05 horas, personal de Inspección de Trabajo, junto a agentes de la Policía Nacional de la UCRIF se personaron en la finca, donde identificaron hasta 16 trabajadores, 15 de ellos de nacionalidad rumana y uno georgiana, que estaban realizando labores por cuenta del acusado.

La operación permitió determinar que los jornaleros estaban trabajando sin estar dados de alta en el sistema de la Seguridad Social en el momento de dar comienzo a las mencionadas labores. En esas fechas, además, resaltan que en la empresa del acusado no había sido dado de alta ningún otro empleado en el sistema.

Por estos hechos, la Fiscalía considera que procede imponer al acusado la pena de dos años de cárcel, incluyendo también una multa de 4.500 euros.

Pocos meses después de su detención, la Policía Nacional, a través de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, informó que los trabajadores estaban en una situación regular en España, por lo que no existía impedimento alguno para dar de alta a los jornaleros.

Así, se señalaba entonces que se les instaba a realizar jornadas maratonianas, trabajando "a destajo" para acabar cuanto antes y poder trasladarlos a otras fincas. Asimismo, la operación determinó que este empresario también era quien les daba alojamiento en un municipio de Segovia y quien se encargaba de entregarles el salario, descontando los gastos derivados de la vivienda y transporte al lugar de trabajo.