El Juzgado de Instrucción nº3 de Valladolid ha abierto juicio oral contra S.P.A., comercial de una asesoría fiscal, y R.F.M., administrador de la misma, que deberán sentarse en el banquillo de los acusados por presuntamente falsear un contrato mercantil con una mujer que había contratado sus servicios para la realización de las declaraciones de impuestos de su actividad empresarial, según refleja el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Así, la próxima semana los acusados tendrán que rendir cuentas ante la Audiencia Provincial de Valladolid. Los hechos, según refleja el escrito de la Fiscalía, se remontan a abril de 2021, cuando la víctima acudió para contratar los servicios de la asesoría G.M.A, con el fin de que le asesoran y tramitaran las declaraciones de impuestos de su empresa.

Una vez mantenido una primera reunión, siempre según el relato de los hechos de la Fiscalía, la víctima realizó gestiones con la Agencia Tributaria y obtuvo un certificado de firma digital, que estuvo disponible a partir del 13 de abril, siendo esta proporcionada al acusado junto a la documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Sin embargo, en el escrito se relata que la gestoría no realizó ninguna de las gestiones, por lo que la víctima decidió no pagar dichos servicios y contratar a otro asesor. Pero fue aquí cuando el S.P.A. confeccionó presuntamente un contrato de autorización de prestación de servicios por el que la mujer se comprometía al pago mensual de 38,72 euros a la citada asesoría. En el documento se incluyeron presuntamente tres firmas digitales sin la autorización de la víctima.

Por su parte, el segundo de los acusados, R.F.M., en calidad de administrador de la asesoría, fue quien presentó, siendo conocedor de la falsedad de dicho contrato, demanda para la apertura de juicio verbal reclamando 944,54 euros a la demandante por incumplimiento del pago mensual. Una causa que se encuentra suspendida en el Juzgado de Instrucción nº2 de Valladolid al haber planteado la víctima una demanda penal por la supuesta falsedad del contrato.

Todos estos hechos son considerados por la Fiscalía constitutivos de los presuntos delitos de falsedad documental, por lo que solicita al magistrado las penas de un año y seis meses de prisión para cada uno de los acusados y una multa de nueve meses con una cuota diaria de ocho euros.