Una persona ha sido detenida en Valladolid dentro de una operación contra una trama criminal que llegó a estafar durante la pandemia ocho millones de euros. Además de esta persona, hay otras dos arrestadas en Madrid y Valdemoro y 12 investigados. La Guardia Civil calcula unas 150.000 afectados que habrían hecho uso de sus servicios online fraudulentos.

Los arrestados aprovecharon la pandemia de la Covid-19 con el objetivo de ofrecer trámites administrativos a través de una página web fraudulenta que tenía apariencia de organismo oficial y donde cobraban entre 19 y 89 euros.

La Guardia Civil ha llevado a cabo en Madrid, Valdemoro y Valladolid diversos registros domiciliarios y ha intervenido un millón de euros a las 35 empresas que usaban para blanquear el dinero logrado.

Les acusan de los presuntos delitos de estafa, intrusismo, usurpación de funciones públicas, blanqueo, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal.

Las gestiones que daban en la página fraudulenta iban desde la expedición de certificados de empadronamiento, de delitos penales, vida laboral, tarjeta sanitaria europea, hasta trámites de número de identificación de extranjero, entre otros.

El portal se creó emulando otras páginas de carácter oficial de la administración, haciendo uso de rotulación oficial, el mismo tipo de letra, banderas y logos. La apariencia de entidad pública hacía confiar a las víctimas, que pagaban por gestiones que en verdad son realmente gratis.

Los hechos empezaron durante el confinamiento en 2020, aprovechando que los trámites online con las distintas administraciones se multiplicaron de manera exponencial.

La investigación se inició en la localidad de Baeza (Jaén) tras la denuncia de un ciudadano que había sido estafado al solicitar un certificado de empadronamiento en una web, pagando una cantidad de dinero por una gestión que nunca recibió y que nunca fue realizada.

Tras la explotación de la operación, se ha procedido a la intervención y bloqueo de un millón de euros en cuentas bancarias de la organización, 111 bienes inmuebles, así como 13 vehículos adquiridos con el dinero procedente de la actividad ilícita.

Usaron 400 cuentas bancarias de 18 entidades diferentes, internacionales y nacionales, para evadir alrededor de 1,5 millones de euros que tenían destino en cuentas de Estados Unidos.