En la madrugada del 20 de enero de 1981, hace 43 años, un artefacto explosivo colocado por un comando de ultraderecha destruyó la sede del PSOE de Valladolid, ubicada en aquel entonces en la calle General Ruiz de la ciudad. El atentado se produjo tres días después de que los socialistas anunciasen la presentación de una interpelación parlamentaria sobre la violencia ultra en la ciudad y solo unas horas después de la celebración de un juicio contra dos militantes del partido ultra Fuerza Nueva, y otros dos de sus juventudes, Fuerza Joven, por su participación en los disturbios de junio de 1980 en la ciudad, después de que el Ayuntamiento aprobase el cambio de nombre de siete calles con apelativos franquistas.

El artefacto explosivo, compuesto de más de cuatro kilos de pólvora prensada y muy similar a las que habían sido usadas previamente en la antigua sede del Partido Comunista de España (marxista-leninista), en la librería Villalar, en la sede de la CNT y en el Ayuntamiento, estalló a las 4:30 de la madrugada y destruyó casi por completo la sede provincial socialista. La bomba había sido introducida en la sede del PSOE a través de un boquete realizado en los cristales protectores del local. Los autores del atentado escalaron los tres metros que separaban la entreplanta del suelo y colocaron el artefacto, de mecha lenta, en un rincón de la sede.

La onda expansiva de la explosión tiró paredes, techos y tabiques, destruyó el mobiliario de la sede y provocó considerables destrozos en tres locales comerciales ubicados en los alrededores. Debido al impacto, además, algunos vecinos que residían en viviendas adyacentes cayeron al suelo desde sus camas, mientras el ruido generaba gran alarma y despertaba a los habitantes de esta zona de Valladolid. Esa misma noche, además, estalló otro artefacto explosivo, compuesto también de polvora prensada, en el Ayuntamiento de la ciudad.

Una escalada de violencia ultra desde finales de los 70

El atentado contra la sede del PSOE provocó una gran conmoción en una ciudad donde la escalada violenta de la ultraderecha llevaba en aumento desde hacía años. Menos de dos semanas antes, el 6 de enero de 1981, se había producido un atentado ultra en el bar El Largo Adiós, junto a la Catedral, después de que tres jóvenes de extrema derecha irrumpiesen el lugar, frecuentado por simpatizantes de izquierda, y disparasen contra los clientes, quedando paraplejico el estudiante de quinto de Derecho Jorge Simón Escribano tras incrustársele una bala en la quinta vértebra.

El senador Juan Antonio Arévalo y el entonces alcalde de la ciudad desde 1979, el socialista Tomás Rodríguez Bolaños, fueron los primeros en acudir, en torno a las cinco de la mañana, a la sede del PSOE, que se encontraba totalmente arrasada. Los despachos, los pasillos, el salón de actos y los archivos estaban destruidos por completo. Los daños materiales ascendieron a más de siete millones de pesetas y durante la jornada acudieron a la sede gran cantidad de personas vinculadas a partidos democráticos y autoridades provinciales.

El exministro Ignacio Camuñas, de la UCD, ofreció a los parlamentarios socialistas la opción de llevar a cabo planes especiales contra la violencia de la ultraderecha en Valladolid pero el PSOE rechazó la oferta y ratificó su postura de no dialogar con el gobernador civil hasta que no se llevasen a cabo medidas concretas. Gregorio Peces-Barba, que acudió a Valladolid como representante de la Ejecutiva del partido, aseguró que el atentado ultra había sido una "arrogancia intolerable" y responsabilizó al gobernador civil del incrementod e la violencia, insistiendo en la necesidad de llevar a cabo una "reestructuración" en la Policía Local.

Peces-Barba advierte a Rosón de la connivencia de la Policía con los ultras

Peces-Barba habló con el ministro del Interior del Gobierno de la UCD, Juan José Rosón. "Le dije al señor Rosón que atajar las actuaciones de la extrema derecha era una cuestión de voluntad política. A partir de ahora no admitimos más diálogos, sino que queremos hechos consumados; es decir, reorganización policial, reestructuración administrativa y detención de los responsables. Hay funcionarios policiales en Valladolid que no pueden actuar contra la ultraderecha porque tienen connivencias ideológicas claras con ella".

El alcalde Bolaños se mostró disgustado porque los representantes de UCD en la comisión permanente municipal no habían querido incluir la referencia a la extrema derecha en el comunicado de condena y lo calificó como "una falta de seriedad grave". "Si existe voluntad de atajar el problema hay que demostrarla", aseguró. Los grupos socialistas del Congreso y el Senado presentaron interpelaciones al Gobierno sobre las acciones violentas de la extrema derecha en Valladolid y el Grupo Comunista exigió la comparecencia de Rosón y del gobernador civil ante la Comisión de Interior de la Cámara Baja.

La violencia ultra seguiría aún muy presente en Valladolid durante los meses siguientes, aunque la situación comenzaría a calmarse al año siguiente. La ansiada reestructuración de la Policía Local, especialmente de sus mandos, y la llegada a la Presidencia del Gobierno de Felipe González, tras las elecciones de octubre de 1982, junto con la disolución de Fuerza Nueva ese mismo año, contribuyeron a reducir una tensión que llevaba acompañando a la ciudad desde la muerte de Francisco Franco y que condujo a que la capital del Pisuerga recibiese el infundado sobrenombre de 'Fachadolid'.