La jueza del Juzgado de Instrucción Número 6 de Valladolid, María Teresa Javato Martín, que investiga el caso por el presunto cambiazo de ataúdes en el Tanatorio El Salvador, ha dictado un auto para que se continúe con la tramitación de las presentes diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado contra 25 investigados de la funeraria.

En el auto, fechado a 3 de febrero de 2023 y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León se da el nombre de esas 25 personas entre las que están los miembros de la familia Morchón, los trabajadores de la funeraria, y también sienta en el banquillo a Justo M.G., el denunciante de la trama.

Se les sienta en el banquillo por si los hechos investigados fueran constitutivos de un delito continuado de estafa agravada, apropiación indebida, delito de blanqueo de capitales, de profanación de cadáveres y de pertenencia a organización o grupo criminal.

La magistrada añade en el auto que son responsables civiles las entidades mercantiles: Agencia Funeraria Castellana y Parque El Salvador y, además, acuerda el sobreseimiento de las actuaciones respecto de Borja. S.B. y R.E.B.

María Teresa Javato Martín da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas, a fin de que, en el plazo común de 50 días, atendiendo el volumen de la causa, con 25.000 acontecimientos en este momento, formulen escrito de acusación, solicitando la apertura del juicio oral en la forma prescrita por la ley o el sobreseimiento de la causa, añade en un escrito de 283 folios.

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Tanatorio El Salvador

Cambios de ataúdes por otros de menor valor

En 3,6 millones de euros, según las investigaciones de la Policía Nacional, se valoró la macroestafa por esta causa. Sería el margen económico que el Grupo El Salvador habría obtenido al vender ataúdes de un determinado valor a los diferentes familiares de los fallecidos y entregarles, posteriormente, otro de un precio inferior para obtener un beneficio que no era legítimo.

Según el informe policial, el Grupo funerario, propiedad de la familia Morchón, cambio cerca de 6.000 féretros entre los años 1995 y 2015. Todo dentro de la ‘Operación Ignis’. Unos presuntos cambiazos que se desarrollaron a lo largo de dos décadas.

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Surgió cuando Justo M.G., uno de los procesados, y extrabajador de la funeraria fue denunciado por Ignacio Morchón, fallecido el pasado 15 de octubre, por extorsión. El empleado habría solicitado un complemento a su jubilación a cambio de su silencio. No habría sido concedido. Se fue a juicio y se destapó la presunta macroestafa que encendió el ánimo de muchos vallisoletanos que no sabían si las cenizas con las que contaban eran de su familiar o no.

Ahora, la jueza procesa a estas 25 personas en busca de resolver un caso en el que muchas de estas familias quieren saber lo que realmente ocurrió.