Alquiler de Hormigoneras Valladolid (Alhorva) ha pedido a la Junta de Castilla y León la concesión directa de una explotación para extraer piedra caliza, mediante una cantera a cielo abierto, en 407 hectáreas del término municipal vallisoletano de San Miguel de Arroyo, según ha podido confirmar la agencia Ical.

El expediente del proyecto se encuentra en trámite de información pública y este tiene prevista una actividad continúa de más de 60 años de forma ininterrumpida de explotación para extraer del subsuelo unos 28,5 millones de metros cúbicos, además de contemplar una producción anual de 450.000 metros cúbicos de piedra. El promotor comercializará este material para usos industriales como materia prima para la fabricación de carbonato cálcico y cal, que se usa para elaborar piensos animales.

La compañía explota desde el 2014 el mismo recurso minero en la zona que se conoce como El Canalizo, pero, tras comprobar que hay más en las parcelas aledañas y en todo el páramo así como el "próximo" agotamiento de la piedra que hay, ha planteado otra concesión directa de explotación llamada Las Colinas. "Se plantea la posibilidad de ampliar la superficie de explotación actualmente autorizada sino también las condiciones del laboreo minero en sí", señala el proyecto.

Precisamente, el proyecto, que ha sido consultado por la agencia Ical, subraya una actividad para explotar anualmente 4,5 hectáreas, con una extracción de 1.700 metros cúbicos diarios, lo que equivale a la extracción de 3.400 toneladas al día. Todo ello se traduce en una producción de cantera de 450.000 metros cúbicos al año, pero depende de las condiciones del mercado y climatológicas.

La empresa necesitará cinco conductores de maquinaria móvil, un ingeniero de minas, seis camiones dúmper, dos plantistas y dos operarios, sumados a un encargado, un gerente y un administrativo. Las inversiones necesarias alcanzarán los 27.500 euros, a la vez que el presupuesto anual estaría dotado con 230.964 euros.

Una vez que la empresa demuestre que hay recursos susceptibles de aprovechamiento racional, tendrá la potestad de pedir la concesión sobre una "parte o la totalidad" de dicho terreno que comprende el perímetro de investigación, tal y como lo refleja la Ley de Minas. En este caso, son más de 400 hectáreas de San Miguel del Arroyo, lo que se traduce en una superficie parecida a 560 campos de fútbol. Por ello, la extracción de la piedra supondrá la imposibilidad temporal del cultivo en las fincas de preferencia respecto al cultivo de las parcelas, ya sean con figuras contempladas en la Ley de Expropiación Forzosa u ocupaciones temporales.

La documentación presentada a la Consejería de Economía y Hacienda explica la diferencia con la actual concesión. "Mientras que en las secciones A de la Ley de Minas se debe ser titular del suelo sobre el que se pretende el aprovechamiento minero, en las secciones C, como la que se pretende, este aspecto no es necesario, existiendo la figura de la expropiación", puntualiza.

Respecto al método de explotación, la maquinaria quitaría en primer lugar 30 centímetros de tierra vegetal para, seguidamente, centrar la extracción de las materias premias, creando un banco de siete metros de altura para que actúe la retroexcavadora con un martillo hidráulico rompedor. Si se topa con material de gran dureza, la compañía no descarta la utilización de explosivos, lo que supondría tener que obtener los correspondientes permisos. Una vez recogida la caliza, esta será cargada en camiones bañera para transportarla a la planta de tratamiento. La zona tendrá una planta de machaqueo.

Además, el proyecto menciona el Reglamento General para el régimen de la minería que, en el caso de la sección C, el promotor puede pedir "directamente" la concesión de la explotación de terrenos "francos y registrables", sin que haya la necesidad de tener previamente un permiso de investigación.

Dicha situación afecta a los agricultores, tanto arrendatarios como propietarios de las fincas rústicas que están en las 16 cuadrículas mineras que contempla el proyecto, además de ocupar casi todo el páramo entre los valles de los arroyos del Henar y de Fuentes Claras.

La empresa ha presentado el plan de rehabilitación para tratar el terreno afectado por la actividad minera, de manera que se devuelva este a un estado satisfactorio en lo que se refiere a la calidad del suelo, los hábitats naturales, la fauna, los sistemas de agua dulce, los usos beneficiosos apropiados y el paisaje.

Por su parte, la asociación 'San Miguel en Vivo' ya mostró en su día la oposición a la actividad en 'El Chinchote' por su afectación negativa a los acuíferos y a la atmósfera que nutren el agua potable del municipio. "El proyecto que ahora se pretender ejecutar supone una afección medioambiental y paisajística negativa sin precedentes para el municipio, que llega incluso hasta el núcleo urbano, al verse sometido a una intensa contaminación acústica, atmosférica y de acuíferos durante los próximos sesenta años, o incluso más", remarcaron en un comunicado recogido por Ical.

Igualmente, añadieron a Ical que el promotor del proyecto de la concesión únicamente busca el beneficio económico a costa de "destruir" el término municipal de San Miguel y "acabar" con el bienestar de sus habitantes, haciendo la vida imposible a los agricultores que explotan las fincas. Para la asociación, las medidas correctoras que han sido propuestas son "contraproducentes, ineficaces e irrisorias", ya que "no sirven para evitar el deterioro ambiental causado". 

La superficie de concesión afecta igualmente a Viloria y Torrescarcela, a raíz de los accesos de los camiones y maquinaria, mientras que la explotación se centraría únicamente en San Miguel del Arroyo. Esta estaría a 1,9 kilómetro vallisoletano, en el punto más cercano, mientras que a 4,7 kilómetros en el más lejano. En cuanto a Viloria, estaría a 1,2 y 4,1 kilómetros.