Caso cerrado. La jueza ha decidido archivar la denuncia contra el socialista Francisco Javier Campos, quien fuera concejal del Ayuntamiento de Tordesillas en 2015, por el caso de la cabeza de 'Rompesuelas', el último Toro de la Vega celebrado de forma tradicional. Las diligencias, que permanecían abiertas desde el 2020 cuando el equipo de Gobierno actual puso en conocimiento de la Fiscalía el caso, han llegado a su fin. Además, tal y como ha confirmado el alcalde del municipio, Miguel Ángel Oliveira, el Consistorio no ha presentado alegaciones, al mismo tiempo que ha asegurado que respetan la decisión judicial.

Los hechos se remontan al año 2015, cuando tras la celebración del último Toro de la Vega de forma tradicional, Francisco Javier Campos adquirió por 950 euros la cabeza disecada de 'Rompesuelas'. Con posterioridad, un año después de la entrada del nuevo equipo de Gobierno del Partido Popular en 2019, el Ayuntamiento puso en conocimiento de la Fiscalía que el exedil se podría haber "aprovechado de su condición" para hacerse con la cabeza del animal.

En ese momento, la Fiscalía, tras los datos aportados por el Consistorio, acusó al exconcejal socialista de tres cargos diferentes por estos hechos. Finalmente, la jueza ha estimado que el Ayuntamiento no había solicitado el "derecho de reserva" que reflejaba el contrato del festejo de aquel año, por lo que sin esta demostración la cabeza del animal no podía pertenecer a la institución.

Un documento que ha confirmado el propio Oliveira que no existe, al mismo tiempo que ha aclarado que ya cuando estaban en la oposición tampoco se les facilitó "ninguna explicación", llegando incluso a pedir un informe jurídico que nunca fue aportado. 

A raíz de ello, y ante la ausencia de este documento, la jueza ha entendido que la adquisición de la cabeza del toro por parte de Francisco Javier Campos fue "conforme a derecho" sin que este se aprovechase de su condición como cargo público del Ayuntamiento.

Finalmente, el alcalde ha explicado que desde que saliese la sentencia tenían 10 días para presentar alegaciones, pero han decidido no ejercer ese derecho porque entienden que si el fiscal, que era el que "veía delito" en un primer momento, luego los ha retirado no tienen nada que alegar. 

No obstante, el regidor ha aclarado que durante todo ese proceso hubo "muchas declaraciones contradictorias", pero al no existir el documento de petición de "derecho a reservar" lo demás no es valorado por el tribunal. "Al final ha quedado claro que el pueblo ha juzgado el caso. Perder más de 1.000 votos en las elecciones deja de manifiesto que la gestión de la anterior legislatura no fue la adecuada", ha sentenciado Miguel Ángel Oliveira.