El Colegio de Enfermería de Valladolid, en concreto su Junta de Gobierno, ha respaldado a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, las actuaciones de su presidenta, Silvia Sáez, que “ejerce de pleno derecho”, apunta el escrito.

Todo en relación con la comunicación de fecha 20 de septiembre de 2022 remitida por el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León, referente a una “supuesta e infundada sanción impuesta a la presidenta, Silvia Sáez Belloso, en su condición de presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Valladolid”, que añaden en el escrito: “además de la posible vulneración de la Ley de Protección de Datos en que podría incurrir esa comunicación” incurría en otros aspectos denunciados por el Colegio de Enfermería vallisoletano.

La institución pucelana ha defendido en el comunicado que:

– El acuerdo por el que se impone dicha supuesta sanción se encuentra actualmente impugnado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Valladolid en el PO 36/2022, el considerar que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho tal y como se acreditará en dicho procedimiento judicial. Encontrándose igualmente la tramitación de medida cautelar de suspensión del citado acuerdo.

– La legitimidad del Consejo de Colegios Profesionales de Castilla y León se encuentra absolutamente discutida al estar impugnado judicialmente el acuerdo de 19 de diciembre de 2022, ante el Juzgado de lo Contencioso 2 de Valladolid.

– La Resolución del Registro de Colegios Profesionales de Castilla y León por la que se inscribe dicho acuerdo está también impugnada judicialmente.

“Atendiendo a lo expuesto, queda claro que en ningún caso la realidad existente no es la que se pretende acreditar mediante la comunicación remitida por el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León. Dicha actuación responde a la operación de desprestigio y continuo acoso que desde dicho Consejo, y especialmente desde su presidencia, se viene desplegando contra Silvia Sáez Belloso y el Colegio Oficial de Enfermería de Valladolid debido a la posición adoptada en los procesos judiciales, por los que se pone en duda la legitimidad de la presidencia de Consejo Autonómico, lo que se une al hecho de la reelección de la firmante como presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Valladolid”, aseguran en el escrito.

Informan además que “desde el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León se ha procedido a eliminar el acceso del Colegio Oficial de Enfermería de Valladolid a su base de datos”, lo que “impide no solo el trabajo diario del Colegio, sino que el control y tratamiento de los datos personales de los colegiados dejan de estar fuera del ámbito del Colegio, desconociendo el uso que se puede hacer desde este momento”. Apuntan además que “se han adoptado las medidas necesarias para solventar esta circunstancia incluyendo la tramitación de la correspondiente denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos”.

Afirman además, que desde el Consejo de Colegios Profesionales de Castilla y León “se ha remitido una circular a distintas instancias e instituciones comunicando una supuesta sanción impuesta a la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Valladolid”.

“Partiendo del hecho de que no existe fundamentación alguna para la imposición de dicha sanción, el acuerdo por el que se adopta la misma se encuentra impugnado judicialmente ante el Juzgado de lo Contencioso 2 de Valladolid. Habiendo solicitado igualmente medida cautelar de suspensión de dicho acuerdo que se encuentra actualmente en tramitación”, aseguran.

El escrito del Colegio de Enfermería de Valladolid finaliza apuntando que “estas actuaciones del Consejo, y en especial de su presidencia, son parte de la campaña de desprestigio y acoso que desde el citado Consejo se viene desarrollando contra el Colegio Oficial de Enfermería de Valladolid y en especial contra su presidenta”.

Finalizan añadiendo que dentro de esta campaña “se encuentra la interposición de acciones penales contra la presidenta del Colegio alegando la imposibilidad de acceso al edificio donde tienen su sede tanto el Colegio como el Consejo. Procedimiento judicial en el que, a pesar de las informaciones publicadas, se han desarrollado las actuaciones oportunas encaminadas al ejercicio de defensa de la presidenta sin que haya sido objeto de nuevos requerimientos en relación con la denuncia interpuesta en su momento”.