La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha reclamado una planificación “responsable con visión de conjunto” en la instalación de parques fotovoltaicos en la Comunidad con el objetivo de defender la superficie cultivable y al sector agrario y ganadero. La queja de la organización agraria se produce a la vista de numerosos proyectos que ya están previstos y por los que las promotoras ofrecen, según UCCL, entre 1.000 y 1.500 euros de renta anual por hectárea a sus propietarios por ocupar sus suelos, hasta siete y ocho veces más que lo que puede abonar un agricultor.

Valentín García, miembro de la ejecutiva del sindicato agrario y coordinador en Valladolid, ha asegurado que la posición de UCCL no está en contra de los nuevos modelos de generación energética y renovables, pero ha rechazado el “boom” suscitado por su instalación en “cualquier lugar”. Por eso, ha pedido la priorización de suelos cultivables en favor de agricultores y ganaderos, “que producen alimentos de calidad”, un sector “esencial” que está sufriendo, ha reprochado, “los abusos de cientos de empresas por planificar nuevos parques solares y eólicos”.

En todo caso, ha preferido diferenciar entre ambos, pues mientras los aerogeneradores permiten poder trabajar el 95 por ciento de las parcelas, las placas “imposibilitan cualquier forma de complementación con la agricultura”. “Pedimos un modelo aceptable que ayude a disminuir la contaminación, pero no a costa del sector primario”, espetó García, quien se acompañó de dos profesionales agrarios de Castromonte (Valladolid), uno de los municipios “más afectados y cuyo modelo se ha convertido en una barbaridad”, incluso con presiones a los propietarios que podrían cuyas negativas a aceptar estos alquileres podrían derivar en expropiaciones si los proyectos se declaran bien de interés público.

Actualmente, España cuenta con 5.000 hectáreas de placas solares, con una previsión de crear otras 30.000 hasta 2030. Esta situación ha motivad, además, “que se haya multiplicado el eco en los pueblos por el alto precio del alquiler que ofrecen, que es el oro y el moro”. “Para la construcción de un parque de 200 hectáreas van a los municipios a buscar propietarios para mil hectáreas y generan mal ambiente”, denunció García.

Posible solución

La posición solución pasa, ha detallado la organización agraria, en que la Junta apruebe una “legislación exquisita” al respecto para evitar este boom y que se ubiquen en suelos de bajo valor agrícola. También, invitó a los ayuntamientos a limitar el suelo agrario para este tipo de desarrollos, como ha sucedido, puso como ejemplo, en Simancas, donde su Ayuntamiento “ha prohibido instalar parques fotovoltaicos en el municipio”. “No queremos llegar a eso, sino que se limite. Está muy lejos de lo ocurrido en Castromonte, con más de 200 aerogeneradores, líneas de evacuación y mantenimiento y la previsión ahora de cuatro parques solares”, ha lamentado.

Por este motivo, UCCL ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que, en el plazo de seis meses, se elabore un mapa de zonificación de suelos de interés eminentemente agrícola para que en ellos “no se instalen estos modelos”. “Como nos descuidemos en el tiempo, después de la liebre ida, palos en la cama, porque no hay legislación”, ha sostenido, para pedir que se prime el autoconsumo y se primen intereses agrícolas en estos suelos, muchas veces ligados a explotaciones ganaderas también, por la necesidad de esparcir los purines o por pastos para ganado.