Un total de 1.870 aspirantes concurrirán este sábado, 6 de noviembre, en Valladolid, a los exámenes de oposición a la Administración General del Estado, según informa ICAL. La ciudad contará con cuatro sedes de la Universidad de Valladolid para realizar las pruebas, y será la única de todo Castilla y León donde tendrá lugar un proceso que se celebrará, de forma simultánea, en otras trece ciudades españolas.

En total, 28.580 aspirantes optarán este sábado en todo el país a 6.239 plazas como funcionarios del Estado, de las cuales 5.893 van para el sistema general y 346 para el cupo de reserva de personas con discapacidad. En esa jornada se celebrarán nueve de los 14 procesos convocados, mientras que los cinco restantes tendrán lugar a principios del próximo año. Según adelantó la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, Valladolid acogerá entonces al triple de candidatos de los que están llamados a las aulas este sábado.

Las pruebas de este fin de semana en Valladolid se repartirán en cuatro sedes. La que acogerá el mayor número de aspirantes será el Aulario Induva (Edificio Naranja), de la Escuela de Ingenierías Industriales de la UVa, donde se celebrarán las oposiciones al cuerpo de gestión de la administración civil del Estado, en régimen de libre acceso general. Por otra parte, el Aulario Campus Esgueva de la Universidad de Valladolid albergará los procesos selectivos para el cuerpo de gestión de la administración civil del Estado (tanto de promoción interna como estabilización y libre acceso CDR), y par ala escala de gestión de organismos autónomos (estabilización).

Asimismo, la Facultad ETSI de Telecomunicaciones de la Escuela de Informática de la UVa acogerá los procesos para el cuerpo técnico de auxiliares de informática (en régimen libre y de promoción interna) y para el cuerpo de gestión de sistemas de informática (también en régimen libre y de promoción interna). Por último, la Facultad de Educación y Trabajo Social de la UVa será la sede de los exámenes para acceder al cuerpo general administrativo de la administración del Estado, en régimen de promoción interna.

Barcones informó a los medios del operativo que se desplegará en la ciudad para asegurar que las pruebas transcurran con normalidad, tras reunirse con los responsables de las dos unidades de colaboración de las pruebas selectivas de la oferta de empleo público, cuyos componentes son empleados públicos de la Delegación, a excepción de los presidentes. 

En ese sentido, la delegada agradeció su trabajo a todos los componentes de las unidades de apoyo a este proceso, 182 empleados públicos de la asministración general del Estado: 55 de la Delegación y 127 de otros organismos como la Abogacía del Estado, SEPE, Demarcación de Carreteras, la Confederación Hidrográfica del Duero, Comercio-ICEX, CSIC, FOGASA, Hacienda, Inspección de Trabajo, Tesorería General de la Seguridad Social, Justicia y MUFACE. 

Sus funciones, según detalló, son organizar la búsqueda de sedes de exámenes que cumplan con los requisitos de aforo y medidas COVID- 19, facilitar la accesibilidad y las adaptaciones para personas con discapacidad, petición de reserva de espacios y aulas, gestión de presupuestos, distribución de los opositores por aulas, elaboración de listados, recepción de material y custodia hasta el día del examen, correcta señalización de aulas y accesos, resolución de incidencias durante el desarrollo del ejercicio, cumplimentación de actas y recogida de material y entrega para su traslado al INAP, certificación de horas y trabajos realizados por el personal colaborador. 

La mayor oferta de la historia

En declaraciones recogidas por Ical, Barcones destacó que la oferta de empleo público en los últimos tres años suma alrededor de 80.000 plazas en total, e hizo hincapié en que el Gobierno ha aprobado en julio del presente año la mayor oferta de empleo público de la historia de España, con un total de 30.445 plazas para trabajar en la Administración General del Estado. “Buena parte de ellas, 1.330 en concreto, tienen un claro carácter tecnológico: ingenieros, matemáticos, informáticos y científicos para aumentar el cuerpo de trabajadores públicos de las TIC, lo que define la apuesta del Gobierno por la administración digital y la modernización de los servicios”, argumentó.

En este sentido, recordó que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de julio un Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, tras la celebración de dos Conferencias Sectoriales de Administración Pública, la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y el posterior acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

Este Plan de Choque del Gobierno, afirmó, pretende reducir por debajo del 8 por ciento la temporalidad de 47.000 funcionarios en las administraciones públicas de Castilla y León, si bien recalcó que la temporalidad en la Administración General del Estado está por debajo de ese ratio (se sitúa en el 7 por ciento), si bien en el caso de las comunidades autónomas alcanza el 36 por ciento y en las entidades locales el 12 por ciento.