Toma la Palabra va a presentar una moción en el próximo pleno del 8 de mayo para que el Ayuntamiento de Valladolid proponga a las administraciones públicas, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la adopción de medidas legales y normativas tendentes a la definición del derecho a la vivienda y el compromiso de las administraciones para garantizarlo.

El derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución y leyes autonómicas (en Castilla y León, la Ley 9/2010). Pero no se concreta. Ni se precisan los compromisos de la administración para cumplirlo, ni se da cuenta del contenido específico de ese derecho: en qué consiste (es decir: cuáles son las características que deben cumplir los espacios denominados “vivienda” para que puedan considerarse dignos y adecuados). No se señala qué es lo que puede exigirse en cada momento a la Administración pública para garantizar su cumplimiento.

Tienen, de una u otra forma, competencias sobre la vivienda todas las administraciones. Los ayuntamientos, por medio del planeamiento urbanístico y los planes de vivienda tienen mucho que decir en esta materia. Pero lo fundamental está en la legislación estatal (en los planes estatales de vivienda, por ejemplo) y autonómica (esta última con la “competencia exclusiva”), donde se continúa sin concretar las características y condiciones mínimas exigibles a los alojamientos.

En enero de este mismo año La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) llevó al Congreso una propuesta de ley de vivienda para acabar con la "emergencia habitacional" de miles de familias españolas. Y en estos días se ha conocido el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Vivienda de Castilla y León 2018-2021.

Por todo ello, argumentan desde Toma la Palabra, defenderán la moción en el pleno en busca del acuerdo del resto de grupos para su aprobación.