El varón de origen dominicano Gaspar L.A, acusado del clonado de tarjetas de una veintena de clientes en 2009 en la gasolinera 'Feroslu' de Laguna de Duero (Valladolid), se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan, a pesar de que el que fuera empleado de dicha estación de servicio, Elpidio Antonio M.A, ya condenado por estos hechos, reconociera que fue la persona que le propuso inicialmente la comisión de la falsificación y estafa.

"¡Me declaro inocente!", ha sido la primera frase con la que Gaspar L.A. ha iniciado su declaración durante el interrogatorio al que ha sido sometido este lunes en la Audiencia de Valladolid, donde hasta este miércoles se analizan unos hechos por los que ya fueron condenados a penas de dos años de cárcel el 'gasolinero' Elpidio Antonio M.A. y Gilberto A. de la R, ambos también de origen dominicano.

Si bien hasta la fecha no había podido celebrarse juicio contra Gaspar L.A. por encontrarse éste en paradero desconocido, en esta ocasión el procesado sí ha comparecido y ha aprovechado para negar su participación y rechazar el acuerdo de condena--dos años de cárcel, frente a los cinco solicitados--que le ofrecía el Ministerio Fiscal, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Gaspar, propietario en su día del bar 'Entrepuentes', ha dejado caer que si el empleado de la gasolinera le incriminó en su día en los hechos pudo ser tras un incidente protagonizado por ambos en el establecimiento hostelero, al tiempo que ha apuntado la posibilidad de que empleados del supermercado Makro, sito en la calle Fernández Ladreda, que le identificaron tras diversas compras, fundamentalmente de bebidas, con tarjetas falsificadas le confundieran con Gilberto A. de la R, propietario de otro bar que también se aprovisionaba de bebidas en ese 'súper'.

Aunque los dos condenados por estos hechos, Elpidio y Gilberto, han contestado con evasivas a las preguntas de las acusaciones, el primero de ellos ha llegado a reconocer que Gaspar fue la persona que en un principio le propuso el clonado de tarjetas pero que rechazó.

Las amenazas de un "peligroso narco" 

"Sólo me lo propuso pero no fue quien me entregó el 'skimmer' o aparato para clonar las tarjetas", ha asegurado Elpidio, quien ha sostenido que a la segunda petición no pudo negarse porque se la formuló directamente un tal Eleuterio Guantes, un peligroso 'narco' de su país que llegó incluso a amenazar de muerte a su familia, residente en Santo Domingo.

"Me dijo: ¡o la pasas o la pasas!", en referencia al 'skimmer'. "Ahí ya no me pude negar porque conocía la trayectoria de este señor", justifica Elpidio, que incluso ha expresado su malestar por el hecho de un hermano suyo resultara herido de un disparo a raíz de los hechos destapados en el juicio celebrado contra él en 2015.

El otro testigo, Gilberto A. de la R, pese a que pactó en 2015 su condena de dos años que implicaba reconocer todos los hechos, ha alegado que lo hizo como mal menor, ya que se enfrentaba a una posible condena de cinco años, y ha negado que tanto él como Gaspar propusieran el clonado de tarjetas al empleado de 'Feroslu'. El ahora testigo tan sólo se ha reconocido autor de distintas compras efectuadas con tarjetas de clientes de la gasolinera tras el copiado de sus respectivas bandas magnéticas.

Al procesado en el presente juicio se le imputa haber realizado el 7 de abril de 2009 en el supermercado Makro tres compras por importe de 741, 63 y 799 euros. Se da la circunstancia de que la primera de las tres cantidades se refiere exclusivamente a bebidas alcohólicas ya que el acusado era titular y explotaba el bar 'Entrepuentes', sito en la Avenida de Santa Teresa.

También se le imputan la compra el día 11 de abril de 2009 en el Centro Comercial Equinoccio, en Zaratán, de un Home Cinema y una televisión Samsung por importes de 149 y 468 euros, respectivamente, con la misma tarjeta utilizada para las anteriores adquisiciones.

Con carácter provisional, el fiscal solicita cinco años de cárcel para el acusado, mientras que las dos acusaciones particulares, BBVA y Servired, elevan las peticiones de condena a siete y cinco años de privación de libertad, respectivamente.