La Audiencia Provincial de Soria absolvió a un hombre de un delito de apropiación indebida, en concreto de haberse apropiado de una suma considerable de dinero de una tía política. Al parecer este hombre, su mujer y su hija acompañaban a este familiar a realizar compras y le llevaban desde Matute de Almazán, donde residía, a Soria o a Almazán para recibir asistencia médica o lo que requiriera, según informa ICAL.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la primera sentencia absolutoria que dictó la Audiencia y ordenó repetir el juicio. Ahora, con nuevo Tribunal, la resolución vuelve a ser absolutoria.

La Audiencia consideró que si bien es cierto que se produjeron extracciones de 500 euros las cuentas bancarias de esta persona mayor en repetidas ocasiones y un traspaso de un depósito a la cuenta del sobrino político y su sobrina, no existió “actuación dolosa de ningún tipo”, puesto que la dueña del dinero era consciente de que se habían producido, las aceptaba y consentía y en el momento de los hechos, “era un persona perfectamente capaz”.

“Así queda demostrado, primero, por el poder otorgado ante notario el 15 de junio de 2017 –el notario autorizó el poder juzgando su capacidad como suficiente-; y segundo, por la contundente y rotunda declaración en juicio del agente de la guardia civil", recoge la sentencia.

Denunciado por otro familiar

Otro familiar denunció a este sobrino político por apropiación indebida, sin embargo, no pudo demostrar este extremo, ya que el agente de la Guardia Civil relató durante el juicio que se personó en casa de la supuesta víctima y se encontró con una persona mayor “cuerda”, que vivía sola y sabía lo que quería. Al parecer, le mostró los extractos bancarios, y al indicarle la anormalidad de dichas extracciones, ella le manifestó al agente que no tenía queja alguna, y que no quería poner denuncia.

Asimismo, en el juicio tampoco se pudo demostrar quién efectuó las sucesivas extracciones de dinero de la cuenta bancaria, ya que no había indicios que apuntaran en esa única dirección, pues, como se comprobó durante el juicio, la señora era asistida en sus gestiones, no sólo por el acusado, sino que ella misma acudía al banco y a sus compras, usaba su tarjeta, y era también ayudada y acompañada en sus gestiones por otras personas.

El Ministerio Fiscal solicitaba para el acusado cuatro años de prisión y  indemnizar a su tía con 31.550, mientras que la acusación particular requería la misma pena de cárcel y 123.100 euros de indemnización.