El diputado y delegado de la Escuela de Tauromaquia, Jesús María Ortiz, y el presidente de la Diputación, Javier Iglesias
La Diputación de Salamanca, salpicada por denuncias de acoso sexual y bullying en la Escuela de Tauromaquia
Niega “encubrimiento o inacción” y argumenta que el acoso sexual fue "fuera del horario y las instalaciones".
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La polémica ha sacudido a la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca después de que el diario local Salamanca24horas.com publicara una información en la que se denunciaban presuntos casos de acoso sexual y de bullying en el centro ante el “silencio institucional” por parte de la Diputación ante los hechos.
Horas después, la institución provincial ha emitido un comunicado en el que “rechaza categóricamente cualquier acusación de inacción o encubrimiento” y asegura que la gestión de los hechos “se ha realizado con la máxima diligencia, responsabilidad y dentro del marco legal que ampara a las partes implicadas”.
Según la versión oficial, el primer caso mencionado —relativo a un presunto episodio de acoso sexual entre alumnos— se produjo “fuera del horario y de las instalaciones de la Escuela”. El comunicado añade que, en cuanto el equipo directivo tuvo conocimiento de la situación, “se adoptaron de manera inmediata las medidas oportunas”, entre ellas la separación preventiva de los alumnos implicados para evitar coincidencias en clase. Además, la Diputación abrió un expediente administrativo “para recabar toda la información de ambas partes”.
La institución insiste en que no puede “vulnerar los derechos de ninguno de los implicados” y que “no existe ninguna medida judicial ni administrativa que justifique la expulsión de los alumnos”. Proceder a ello —añade— “supondría un menoscabo grave de los derechos fundamentales de una de las partes”.
En cuanto al segundo asunto, vinculado a un supuesto caso de “bullying docente”, la Escuela de Tauromaquia niega “rotundamente cualquier comportamiento inadecuado o vejatorio por parte del profesorado”.
A su juicio, las acusaciones responden “al descontento de un alumno y de su progenitor” por las decisiones técnicas del profesorado sobre la preparación y nivel de los estudiantes que pueden participar en las clases prácticas, actividades que “por su propia naturaleza implican riesgo físico y exigen criterios estrictos de seguridad y capacitación”.
El comunicado concluye afirmando que la Escuela “mantiene su compromiso absoluto con la formación, la seguridad y el bienestar de todos sus alumnos, actuando siempre bajo los principios de respeto, legalidad y transparencia”.
El escándalo ha reavivado el debate sobre la gestión interna del centro y la respuesta institucional ante las denuncias. Según el diario salmantino, familiares y alumnos habrían trasladado su malestar por el trato recibido y por la falta de información sobre las actuaciones emprendidas.
La Diputación, por su parte, se remite a los procedimientos abiertos y reitera que actuará “conforme a la ley y a las resoluciones judiciales que puedan dictarse”.
