Dos trabajadores retiran placas de uralita con amianto en el tejado de una nave industrial ICAL Archivo
Salamanca activa la cuenta atrás para eliminar el amianto: así afectará a viviendas, colegios y edificios antiguos
El Ayuntamiento aprueba la ordenanza definitiva que obliga a propietarios a localizar y retirar este material tóxico con plazos según el año de construcción.
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El reloj ya ha empezado a correr. Salamanca pone en marcha un plan serio y con calendario para decir adiós al amianto, ese material barato y resistente que se usó durante décadas en cubiertas, bajantes o tejados y que hoy es una amenaza reconocida para la salud pública.
Lo que durante años ha sido solamente una advertencia general ahora se convierte en una obligación concreta para propietarios de edificios e instalaciones antiguas.
El pleno del Ayuntamiento ha aprobado de forma definitiva la Ordenanza Municipal Reguladora de la Retirada de Amianto, una normativa que pone orden y fechas a una tarea pendiente en muchas ciudades: eliminar de forma segura los materiales que contienen este componente tóxico.
En Salamanca, según estimaciones preliminares, hay más de mil cubiertas con amianto repartidas por la ciudad, sumando unos 250.000 metros cuadrados.
¿Qué implica esta ordenanza?
De entrada, quienes tengan un inmueble incluido en el censo municipal de cubiertas con amianto deberán presentar un Informe Técnico de Localización y Diagnóstico, elaborado por un profesional competente. Ese informe determinará si hay amianto, en qué estado se encuentra y si es necesario retirarlo con urgencia.
A partir de ahí, la ordenanza establece niveles de prioridad y plazos escalonados que van desde el 31 de diciembre de 2025 (para edificios construidos antes de 1941 o de uso público) hasta el 2030 (para construcciones más recientes). En todos los casos, el mensaje es claro: el amianto tiene los días contados.
¿A quién afecta?
A más gente de la que parece. Viviendas particulares, naves industriales, centros educativos, instalaciones deportivas, comunidades de vecinos y cualquier inmueble que figure en el censo cuya construcción encaje en los tramos establecidos está obligado a pasar por este proceso.
Además, si se detecta amianto durante unas obras, será obligatorio paralizar la intervención, avisar al Ayuntamiento y seguir el protocolo establecido, que incluye el diagnóstico técnico y la retirada según lo dispuesto en la normativa.
¿Y si no se cumple?
No habrá licencias de obra, ni reformas legales, ni mantenimiento autorizado si no se ha entregado el informe previo. En caso de no cumplir los plazos, el Ayuntamiento podrá imponer sanciones, multas e incluso ejecutar de forma subsidiaria la retirada, a costa del propietario.
La ordenanza llega tras un proceso de consulta pública y la incorporación de varias alegaciones técnicas, y entrará en vigor 15 días hábiles después de su publicación en el BOP.
