El Consejo de Ministros de este lunes autorizó la modificación de los límites y el número de anualidades establecidas en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el objetivo de que el Ministerio de Ciencia e Innovación pueda aprobar una adenda al convenio celebrado con la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Universidad de Salamanca el 14 de diciembre de 2007, para la financiación del Consorcio 'Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos' (CLPU).

Con el objeto de colaborar en la construcción y financiación del CLPU, el 14 de diciembre de 2007, la Administración General del Estado, a través del entonces Ministerio de Educación y Ciencia (actual Ministerio de Ciencia e Innovación), la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Universidad de Salamanca suscribieron un convenio para la creación del consorcio para su diseño, construcción, equipamiento y explotación, estando financiado por dichas entidades al 50 por ciento, 45 por ciento y 5 por ciento, respectivamente.

Con fecha 28 de diciembre de 2012, se suscribió un acuerdo de modificación del convenio suscrito en 2007, estableciéndose un nuevo marco de financiación y modificando las aportaciones inicialmente previstas por las partes, así como la posterior fase de explotación. Posteriormente, el 7 de mayo de 2016, se suscribió un nuevo acuerdo entre las entidades suscriptoras para modificar de nuevo el referido convenio. En particular, se modificaron los Estatutos de forma que el consorcio CLPU quedó adscrito a la Administración General del Estado.

El plazo de vigencia del convenio finaliza el 31 de diciembre de 2021. Manifestada la voluntad de las partes de continuar con la financiación del consorcio, se desea suscribir una adenda al convenio, para continuar con el equipamiento y explotación del CLPU, que cubra el periodo 2022- 2028. Según el borrador de la mencionada adenda, las entidades firmantes aportarán un total de 22.400.000 euros para el periodo de 2022 a 2028, manteniéndose la participación de las partes consorciadas en el 50 por ciento, 45 por ciento y 5 por ciento, de manera que el Ministerio aporte cada año 1,6 millones de euros, la comunidad 10,08 millones y la Universidad 160.000 euros.