Palacio de la Justicia de Salamanca.
Cazado por el ADN del semen guardado: casi 8 años de cárcel para un funcionario de Topas por agredir a una presa
La Audiencia Provincial de Salamanca impone además 10 años de inhabilitación absoluta al trabajador, quien amenazaba a la reclusa con represalias laborales en el economato mientras cometía las agresiones.
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Siete años y ocho meses de prisión y diez años de inhabilitación absoluta. Esa es la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Salamanca a Carlos D., funcionario de prisiones del Centro Penitenciario de Topas, por agredir sexualmente y de forma continuada a una reclusa y abusar de su condición de empleado público para acorralarla en el trabajo.
Los hechos se desarrollaron entre septiembre de 2023 y enero de 2024 en las instalaciones del economato del módulo de mujeres.
Según recoge la sentencia, el condenado aprovechó su libre acceso a la estancia para exigir favores sexuales a la interna mediante coacciones y tocamientos, amenazándola con perder su puesto laboral y recordándole su posición de autoridad dentro de la cárcel: "Él era el funcionario y ella una presa".
Prueba biológica irrefutable
La clave para desarticular la versión del trabajador —quien negó los hechos en el juicio tras haber rechazado declarar durante la instrucción— residió en la astucia de la propia víctima.
Tras sufrir las agresiones, la interna logró recoger y conservar en una bolsa dentro de su celda restos de semen dejados por el agresor.
Un análisis del Instituto Nacional de Toxicología confirmó que el perfil genético coincidía al 100% con las muestras del funcionario.
A pesar de que la defensa alegó que el acusado actuaba solo y de forma autoerótica sin involucrar a la reclusa, el tribunal ha dado plena verosimilitud al testimonio constante de la mujer, respaldado además por el testimonio del personal técnico de la prisión y el informe del equipo médico forense.
Condena acumulada e indemnización
El fallo condena al procesado a 5 años y dos meses de prisión por un delito continuado de agresión sexual (apreciando las agravantes de abuso de superioridad, vulnerabilidad de la víctima y trato vejatorio) y a 2 años y seis meses de prisión por un delito de abuso de la función pública (solicitud sexual por funcionario).
La Sala solo ha tenido en cuenta la atenuante de reparación del daño tras haber ingresado el acusado 2.500 euros antes del juicio.
Asimismo, Carlos D. no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima ni comunicarse con ella durante 8 años, afrontará 5 años de libertad vigilada al salir de prisión e indemnizará a la mujer con 2.500 euros por los daños morales y las secuelas psicológicas agravadas por el acoso.
La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
