El Juzgado de lo Social número 2 de Salamanca ha estimado parcialmente la petición de medidas cautelares presentada por el sindicato Comisiones Obreras y ha ordenado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que provea a los trabajadores del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica (CAMP), ubicado en Salamanca, de equipos de protección frente al coronavirus.

Según recoge la decisión judicial, que desestima el resto de medidas cautelares solicitadas, la administración autonómica de dar entregar al personal asistencial y no asistencial que tenga contacto con personas sintomáticas distintos sistemas de protección.

En concreto, apunta a la entrega de mascarillas FPP2, gafas de protección, calzas específicas, batas y mandiles impermeables, así como que a la instalación de contenedores para residuos "especialmente peligrosos".