El Ayuntamiento de Salamanca se ha puesto las pilas para reclamar de manera firma el cumplimiento del contrato a empresas adjudicatarias de obras y servicios. Una gestión que se ha puesto en entredicho por la oposición durante las últimas semanas al acumularse los desafíos de concesionarias y las críticas de ciudadanos.

La Comisión de Bienes y Contratación aprueba este martes el requerimiento al contratista para el inicio de la obra de conexión del nuevo hospital con el paseo de San Vicente, desestimando las alegaciones presentadas, además de la reclamación económica por daños y perjuicios a la anterior concesionaria de la gestión de las piscinas municipales.

El Consistorio anunció a finales de junio el inicio de los trabajos de construcción del nuevo vial que conectará el paseo de San Vicente con la avenida de Ramos del Manzano y facilitará el acceso al nuevo hospital. Con una longitud de casi 600 metros, tiene un presupuesto de 4,4 millones de euros. Pero, desde entonces, las obras apenas han avanzado. ¿Qué está pasando?

El problema radica en que entre la unión temporal de empresas adjudicataria de los trabajos está Arcor, empresa propiedad del leonés José Luis Ulibarri, principal responsable de la presunta trama de corrupción Enredadera, por la que incluso estuvo en prisión. Ahora la constructora solicita al Ayuntamiento unos 700.000 euros más por una modificación del proyecto y cinco meses más de plazo, algo a lo que el Consistorio se opone, exigiendo que cumpla lo firmado inicialmente.

Y es que el Ayuntamiento de Salamanca lo tiene claro: rescindirá el contrato con la adjudicataria del vial si la UTE no cumple lo acordado. Así, ha desestimado la solicitud de un modificado por importe de 694.713 euros por considerarlo injustificado, suponer un sobrecoste a las arcas municipales e incrementar el periodo de ejecución en cinco meses. En este sentido, exige que se inicien las obras de forma inmediata y, en el caso de no ser así, el Ayuntamiento resolverá el contrato y reclamará daños y perjuicios.

Por otro lado está la ausencia de reclamación de 1,2 millones de euros a la empresa Eulen por la gestión que llevó a cabo en las piscinas municipales. Algo que se ha demorado en el tiempo pese a la insistencia de PSOE y Ganemos para que la empresa no se 'fuera de rositas' sin pagar el dinero que debe.

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