Las Plataformas en Defensa del Sistema Público de Pensiones han vuelto a salir a la calle este sábado, desde la plaza de España hasta la plaza del Liceo, para reclamar un mayor incremento de las pensiones. Así, los jubilados consideran insuficiente el incremento propuesto por el Gobierno en respuesta a las continuas protestas desde hace meses, con manifestaciones cada mes en todas las capitales de España.

“Vemos como nuestras grandes movilizaciones están dado sus frutos. Movilizaciones en las que han participado varios millones de hombres y mujeres, mayores y jóvenes, pensionistas, trabajadores, estudiantes; en grandes ciudades, en las capitales provinciales, en pueblos importantes y en pequeñas aldeas, en las islas, a lo largo de toda España. Nuestras movilizaciones han demostrado que sí se pueden pagar nuestras pensiones, las que nos corresponden, las que nos hemos ganado. Y se podrán pagar las de quienes vienen detrás, las futuras”, explican los convocantes de la protesta.

Tras las anteriores manifestaciones, el Gobierno ha propuesto mejorar algunas pensiones de viudedad, “con siete años de retraso”. Las pensiones mínimas subirán un 3%. Y también se retrasará la entrada en funcionamiento del factor de sostenibilidad cuatro años hasta 2023. “Esto es muy importante para quienes se vayan a jubilar a partir de 2019. Esta rectificación es una victoria, que confirma nuestro gran acierto al iniciar nuestras movilizaciones: la movilización y la lucha es el único camino·.

Pero lo conseguido está lejos de satisfacer sus reivindicaciones, pues a su juicio las subidas anunciadas para 2018 y 2019 no son la recuperación de las subidas según IPC real y la derogación del 0,25. “La subida del 3% de las pensiones mínimas no es nuestra reclamación de una pensión mínima de 1,084 euros según los criterios de la Carta Social Europea; ni siquiera es comparable con la subida del salario mínimo en 2017 y 2018. Y el factor de sostenibilidad no se deroga, sólo se retrasa cuatro años”.

Además, “nada se dice de la recuperación de lo perdido desde 2010; ni de volver a la jubilación a los 65 años, o de la jubilación sin penalización con 40 años cotizados; ni de la reposición del subsidio para paradas y parados de más de 52 años; ni del número de años a computar para determinar la pensión de jubilación. Ni se reponen los derechos sanitarios ni se elimina el repago, ni se dota suficientemente la atención a la dependencia. Ni se atiende a los emigrantes retornados. Ni se aborda decididamente la discriminación de la mujer, la brecha de género en pensiones”.

Por eso, reivindican que el Sistema Público de Pensiones “es perfectamente viable y sostenible, ahora y dentro de treinta años, incluso mejorable”; que “el futuro no es reducir las pensiones públicas hasta empobrecerlas, para favorecer el negocio de los planes de pensiones privados”; que “su obligación es hacer leyes y gobernar en beneficio del pueblo y no de los bancos”; que “no vamos a consentir que acaben con el derecho a una pensión pública digna y suficiente para sustituirla por un negocio de los bancos”; y que “las mentiras ya no cuelan”.