La conclusión que puede derivarse ante los hechos que comenzaron hace casi 3 años, relacionados con la construcción de la plaza de toros que sirve de principal escenario para la celebración anual del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, es que la Inspección de Trabajo "se niega a llevar al presidente de la Diputación de Salamanca ante la Fiscalía", denuncia Podemos mediante un comunicado.

Durante este tiempo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca, ha recibido repetidas denuncias, desde que una ciudadana solicitó que se contemplaran medidas de seguridad laboral en la construcción del coso taurino, que volverá a realizarse en pocas semanas, de nuevo y en la que se implican más de 200 trabajadores.

La Inspección de Trabajo respondió que en la reunión mantenida a mediados de febrero de 2014 con los responsables del Ayuntamiento, estos alegaron que era construida  por miembros de las peñas y grupos de amigos o parientes adjudicatarios, estando, por tanto, excluida de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales, al realizarse a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.

En los últimos meses, se han recopilado pruebas que testifican como el propio Ayuntamiento consideraba a los adjudicatarios no de la manera mencionada, sino como “empresas”, solicitándoles que cumplieran con la legislación laboral y de seguridad e higiene vigentes, para con sus trabajadores. Estos documentos se han facilitado a la Inspección de Trabajo de la provincia, con el fin de que revisen la posible comisión de delitos relacionados con la falsedad documental establecidos en el Código Penal. Sin embargo, la Inspección de Trabajo ha respondido que los hechos han sido investigados y valorados en varias ocasiones y que proceden al archivo de la denuncia, no mostrando interés por revisar el caso, con las nuevas pruebas que ella misma no se ha preocupado nunca de recopilar.

El artículo 17.3 de la Ley 23/2015, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), establece que esta, ante la posible comisión de delitos, deberá remitir al Ministerio Fiscal la relación de los hechos que haya conocido, y de los sujetos que pudieran resultar afectados. Sin embargo, la ITSS, parece que no tiene intención de hacerlo, en este caso.

La Corporación Municipal afectada en este suceso estaba presidida por el actual Presidente de la Diputación de Salamanca, D. Francisco Javier Iglesias García, en estos momentos, también Senador y Presidente del Partido Popular en la provincia. Él y su equipo serían los implicadosen la citada denuncia y los que han cometido, presuntamente, estosdelitos, que podrían suponerles penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, tal como dicta el artículo 390.4 del Código Penal, para la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad, faltando a la verdad en la narración de los hechos.Casualmente, este político recibió el apoyo personal de D. Fátima Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social, en las elecciones de Diciembre de 2015, como puede verse en la prensa local de aquellos días.

La Ley 23/2015, en su preámbulo, dice que “la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en cuanto a servicio público encargado de la vigilancia y control de la normativa social, contribuye decisivamente a la preservación de los derechos de los trabajadores“. Además añade que “el fraude no sólo supone una indebida detracción de recursos del sistema de la Seguridad Social o una falta o deficiencia de contribución a su sostenimiento. El fraude va ligado, la mayoría de las veces, a situaciones de explotación laboral en las que se niegan a los trabajadores los más elementales derechos, el más importante de ellos es el reconocimiento de su condición de trabajadores, como sucede en un contexto de trabajo no declarado”.Es, precisamente este, el ámbito en el que se mueve este caso, desde que la Inspección de Trabajo de Salamanca tiene conocimiento de él, al no perseguir el incumplimiento de la Ley 32/2006 que exige su profesionalización. Al contrario, desde entonces, estos trabajadores deben hacerlo sin contrato, sin medidas de seguridad y si perciben alguna contraprestación, debe no ser declarada, para que así la Inspección considere que la legislación laboral no les es de aplicación.

Debido a la inacción de la ITSS durante todo este tiempo, van a quedar impunes diversas infracciones en el Orden Social, si no se actúa en apenas unos días, ya que las de carácter grave, a los 3 años, prescriben.

En resumen, parece que cuando un importante político de la zona está implicado, las leyes pueden obviarse, al ponerse las Administraciones Públicas, al servicio de la corrupción política.

Mientras más de 200 trabajadores, deberán realizar un trabajo dentro de unos días, firmando que lo realizan “a título personal”, para que los organizadores de este, puedan eludir su responsabilidad como empresarios.

La Delegación de Podemos de Ciudad Rodrigo solicitará próximamente a la Inspección de Trabajo que cumpla con su cometido y haga que esta construcción se realice de forma legal y segura, y lleve ante la Fiscalía a quienes lo evitaron con falsedades, en las últimas convocatorias del Carnaval del Toro.