Equo defiende que "es necesario y, además posible, lograr una solución legal y definitiva que asegure la pervivencia del centro comercial y de los puestos de trabajo y al mismo tiempo restablezca en favor de la ciudad lo ilegalmente entregado por el PP al Corte Inglés en forma de exceso de edificabilidad declarada ilegal por los tribunales de justicia".

La Junta de Castilla y León ha dado al Ayuntamiento de Salamanca un plazo de dos años desde el 15 de abril de 2016, para aprobar una nueva ordenación urbanística del sector en el que está el Centro Comercial, pues la anterior fue anulada por ilegal.

En este sentido, "los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Salamanca (Ganemos Salamanca, PSOE y Ciudadanos) entregamos, hace ya prácticamente un año, una propuesta para llegar a una solución legal y definitiva, sin que el PP haya querido en ningún momento estudiar esta propuesta y dar comienzo la elaboración de la nueva ordenación urbanística del sector del centro comercial El Corte Inglés" ha declarado Gabriel Risco, concejal de Ganemos Salamanca y miembro de EQUO.

Para Risco "Es precisamente la irresponsabilidad del PP en el gobierno municipal la que está poniendo en peligro la pervivencia del centro comercial y de los puestos de trabajo; si hay algún riesgo de cierre, ese es que el PP continúe en el gobierno municipal por su incompetencia o por querer defender los intereses de la empresa privada y no los intereses generales de la ciudadanía".

La semana pasada, el Corte Inglés ha presentado una reclamación de responsabilidad por la cantidad de 150 millones de euros. "El PP lo único que hace es acusar a Ganemos Salamanca; cuando el origen de las anulaciones está en acuerdos ilegales adoptados por ellos mismos. El PP defiende a Corte Inglés. Ni siquiera ha dicho que se opone a esa reclamación. Si el PP está dispuesto a aprobar esta reclamación en vez de defender a la ciudad, que lo paguen de su bolsillo todos los concejales y Alcaldes que hayan votado los acuerdos o hayan firmado resoluciones otorgando licencias ilegales" concluye Risco.

La propia empresa El Corte Inglés reconoce que es necesario “restablecer la legalidad urbanística”, admitiendo una situación de ilegalidad de su centro comercial, una vez dictadas las sentencias por los tribunales de justicia.

Para el partido verde, el PP está utilizando esta reclamación como un chantaje y amenaza a la ciudad. Frente a ello EQUO manifiesta que seguirá defendiendo el restablecimiento de la legalidad mediante la devolución a la ciudad de lo ilegalmente usurpado en forma de equipamientos y dotaciones, equivalente a lo que el corte inglés ha apropiado de forma ilegal. Igualmente, la formación política se opondrá también a que el Ayuntamiento acceda a indemnizar con un solo euro de dinero público al El Corte Inglés.