La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica recurrirá ante las autoridades competentes la votación celebrada por el pleno la Junta Vecinal de Villadangos del Páramo qué impide a los familiares de los desaparecidos asesinados en ese lugar y enterrados posteriormente en el cementerio de la localidad llevar a cabo una exhumación localizarlos y darles una sepultura digna.

La convocatoria que llevó a cabo la Junta Vecinal que tenía por objeto decidir "para realizar una intervención en el cementerio de Villadangos" pero en la papeleta que recibieron los vecinos para ejercer el voto la argumentación se centró en el proyecto, cambiando la redacción del motivo de la votación que realmente se centró en negar el derecho de las familias de los desaparecidos.

Tampoco tuvo en cuenta la Junta Vecinal que la intervención ya había sido autorizada por la Junta de Castilla y León y que el vicepresidente de la misma Francisco Igea declaró públicamente el pasado miércoles que no existe capacidad para tomar esas decisiones en una administración local porque hay una ley nacional y otra autonómica que garantizan el derecho de las familias.

 La asociación quiere agradecer y señalar que algunos vecinos y vecinas si fueron sensibles y solidarios con las reclamaciones de los familiares y consideraron vergonzoso que se sometiera un hecho tan elemental a votación por lo que decidieron ni participar en ella.

 El vicepresidente de la ARMH, Marco Antonio González, expuso el proyecto de intervención y explico que la asociación "lleva veinte años realizando exhumaciones, que la asociación se responsabiliza de dejar el espacio de prospección del cementerio tal y como lo encuentre y que cuenta con un seguro de responsabilidad civil que cubre hasta el más mínimo desperfecto que pueda causar la exhumación". Y añade: "Someter el derecho de unas familias a encontrar los restos de un ser querido y enterrarlo donde decidan es como someter a votación su tras un atentado hay que reparar o no hay que reparar a las víctimas". 

 Lo cierto es que desde que iniciaron los trámites los familiares han tenido que enfrentarse a numerosas mentiras, ocultaciones, a la negación de que esos hechos hubieran ocurrido o al intento del alcalde por disuadirle de que trataran de buscar los restos en el Cementerio.

 Además de presentar el caso ante la autoridad competente de la Junta de Castilla y León, la asociación estudia la posibilidad de llevar a cabo una denuncia por prevaricación administrativa, teniendo en cuenta los inusuales trámites que ha reclamado el Ayuntamiento, como tratar el impacto ambiental, y el hecho de que la Junta Vecinal se haya arrojado un poder de decisión del que carece a la hora de autorizar o negar el ejercicio de un derecho.  

En ese sentido, la ARMH estudia la posibilidad de llevar a cabo una denuncia ante la Fiscalía ya que el articulado de la Ley de la Memoria Histórica del año 2007 reconoce el deber de las administraciones locales de ayudar a las familias y en caso de que pongan dificultades existe la posibilidad legal de llevar a cabo una expropiación forzosa y temporal del terreno.

La asociación lamenta que el primer teniente alcalde del PP hiciera campaña por el no en la reunión de la Junta vecinal previa a la votación, y que para ello indicara que ha recibido asesoría del Secretario de Estado de Memoria Democrática.