La Audiencia Nacional juzgará a partir de este lunes, 13 de mayo, al jubilado Pompeyo González, detenido en 2022 y procesado como presunto autor del envío de cartas explosivas a varias al presidente del Gobierno, al Ministerio de Defensa, a la embajada de EE. UU. y a la embajada de Ucrania, entre otras instituciones.

La Fiscalía solicita para este burgalés un total de 22 años de cárcel por un delito de terrorismo con resultado de lesiones, ya que un empleado de la embajada ucraniana en Madrid resultó herido. Además, le atribuye un delito de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista. 

El Ministerio Público pide, igualmente, su inhabilitación absoluta y la inhabilitación especial para profesión u oficios educativos y una indemnización al hombre herido de 1.500 euros. 

Este jubilado mandó por correo ordinario un total de seis paquetes incendiarios dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la ministra de Defensa, Margarita Robles; a las instalaciones de la empresa Instalaza en Zaragoza; a las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. 

El hombre, de 74 años de edad, fue procesado por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama en junio de 2023, que propuso sentarlo en el banquillo por delitos de terrorismo y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista. 

Pompeyo González actuó supuestamente en solitario para protestar por la actitud de las instituciones españoles en la guerra de Ucrania y “obligar a los poderes públicos a abstenerse del apoyo a favor” de ese país frente a la agresión rusa”, según indicó el magistrado en el auto de procesamiento. 

Los artefactos que envió por correo eran de fabricación casera y tenían un sistema de activación mecánico, un sistema de iniciación pirotécnico y una carga explosiva de siete a 10 gramos. En el registro de su domicilio se halló material para la fabricación de explosivos similares a los empleados en las cartas interceptadas.

Sumaba a esto que del análisis de su dispositivo móvil, se halló que se había instalado las aplicaciones de RT Noticias -Rusia Today- y Sputnik, que son los medios gubernamentales rusos. Según las evidencias que expone la Fiscalía, los paquetes fueron enviados desde distintos buzones de la ciudad de Burgos y fueron procesados en el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Valladolid. 

González compró, a través de Ámazon, nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores, filamentos de cobre y bombillas incandescentes. Igualmente, adquirió a través de venta online los sobre usados en los envíos, pegatinas adhesivas de 100x50 mm, bisagras de 25x23 mm, toda clase de tornillería, brocas de precisión, plantillas para dibujar los números y el abecedario y plantillas para dibujar números y letras del abecedario, entre otros objetos. Los sellos fueron adquiridos en dos estancos de Burgos.