A solo seis días de las Elecciones Generales, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña mediante orden ministerial que también autoriza la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor a Enresa, responsable del desmantelamiento, que tendrá lugar en los próximos días.

Según informa la Delegación del Gobierno en Castilla y León, el proyecto -informado favorablemente en mayo por el Consejo de Seguridad Nuclear– consta de dos fases, abarca hasta 2033, está presupuestado en 475 millones de euros y prevé que hasta 350 personas trabajen en él de forma simultánea. El Miteco, mediante el Instituto para la Transición Justa (ITJ), colabora desde 2020 con los 27 municipios afectados por el cierre de la instalación y ya ha destinado 7,7 millones a financiar 12 proyectos municipales.

Situada en el Valle de Tobalina (Burgos), Garoña tenía una potencia instalada de 466 MW, se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola. En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero éste no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014. Finalmente, en agosto de 2017, esta solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

En ese momento Enresa comenzó los trabajos preparatorios del desmantelamiento y a diseñar un proyecto que consta de dos fases y cuenta con un presupuesto –sin contar con la gestión del combustible gastado– de 475 millones. Está previsto que las labores abarquen hasta 2033 y que empleen hasta 350 personas de forma simultánea.

Desmontaje en dos fases: estructuras y residuos radiológicos

En la Fase 1 (2023-2026) se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes. A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.

Posteriormente, en la Fase 2 (2027-2033), ya con el combustible en el ATI, se abordará el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, continuando con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para, finalmente, concluir con la restauración del emplazamiento.

La autorización del MITECO para iniciar los trabajos de desmantelamiento llega después de que el proyecto se sometiera a información pública entre marzo y abril de 2021, de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear emitiese el preceptivo informe favorable el pasado mes de mayo y tras haber obtenido la Declaración de Impacto Ambiental que establece las condiciones a las que ha de ajustarse el proyecto. Sólo falta que se transfiera la titularidad de la central de Nuclenor a Enresa, algo que sucederá en los próximos días, para que puedan dar comienzo las obras sobre el terreno.

Un momento de la visita del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, a la central de Garoña el pasado 14 de septiembre

Vox quería reabrirla

Desde la entrada del gobierno de Castilla y León de Vox, la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña había pasado a primer plano, incluso el vicepresidente, Juan García-Gallardo, aseguró en una visita el pasado mes de septiembre al Valle de Tobalina que “con voluntad política”, la central podría abrise, “como tarde, en 2030”. El socio de gobierno de Alfonso Fernández Mañueco defiende que lo idóneo sería instalar un nuevo reactor en esa misma ubicación para reaprovechar parte de las instalaciones, así como el cableado de alta tensión ya instalado. Por ello, la Junta de Castilla y León anunció un estudio de viabilidad para la central.

La reapertura de las nucleares forman parte de los postulados de soberanía energética de Vox viene defendiendo como clave de la política económica y energética de España, especialmente frente al escenario de guerra que ha puesto en evidencia la alta dependencia de la Unión Europea respecto de terceros países.

Convenio de transición justa para el área de Garoña

El Ministerio recuerda que en 2020 el ITJ empezó a trabajar en los 27 municipios donde se han identificado impacto en el empleo y en la renta tras el cierre de la central, de acuerdo con el Plan de Acción Urgente de la Estrategia de Transición Justa para las zonas en las que se habían producido cierres de instalaciones sin planes de reactivación.

En mayo de 2021, el Miteco, la Junta de Castilla y León; el Gobierno Vasco y los municipios –por medio de la FEMP y AMAC–, firmaron el Protocolo de Actuación para la elaboración del Convenio de Transición Justa de Garoña por el cierre de la central.

El ITJ ya ha adjudicado 7,7 millones de euros a 12 proyectos municipales para reactivar la zona, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; son de índole sociosanitaria, de fomento del turismo, de rehabilitación de inmuebles, de restauración ambiental, de gestión de biomasa... Se está trabajando en una nueva convocatoria para este tipo de proyectos. Por otro lado, se están tramitando líneas de ayudas a empresas y pequeños proyectos de inversión, que se resolverán a final de año, a las que se han presentado proyectos de la zona.