Imagen facilitada por la Guardia Civil.

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Burgos

La Guardia Civil desarticula un grupo criminal dedicado a la ‘sextorsión’: cuatro burgaleses estafados

Grupo jerarquizado, organizado y con reparto de funciones que operaba desde Valencia, donde se ha practicado un registro domiciliario

9 septiembre, 2022 11:10

La Guardia Civil, en el marco de la Operación “Passionatta” ha detenido a 10 personas con edades entre los 22 y los 57 años –IBO, APVC, HTS, ANGM, AVD, MGM, EPC, PNRA, MTS, MMP- como presuntos autores en distinto grado de participación de los delitos de extorsión, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los hechos se remontan a septiembre de 2021. Un vecino de Burgos visitó una página web de contenido sexual, se dio de alta y contactó telefónicamente con una persona, aunque rechazó sus servicios sin consolidar la cita; al poco tiempo recibió llamadas y mensajes amenazantes en su móvil, con graves represalias hacia él y su familia si no accedía a pagar el dinero que le exigían.

Desarrollo de la investigación

Las pesquisas practicadas, el análisis de los mensajes, de las trasferencias bancarias y de las realizadas a través de telefonía móvil demostró que había ingresado más de 1.600 euros y confirmaron la extorsión.

Ante la gravedad del asunto y el serio perjuicio ocasionado, la Guardia Civil abría una discreta investigación, obteniéndose la identidad de otras 47 personas (4 sólo en Burgos), víctimas del mismo entramado delincuencial conocido en el argot como ‘sextorsión’, extendido a nivel nacional.

Se constató la existencia de un grupo organizado dotado de un alto grado de profesionalidad y versatilidad: medios tecnológicos empleados, la gestión de cuentas bancarias, abundancia de telefonía móvil (35) y el uso de pago entre particulares para agilizar el cobro; chantajearon de este modo 104.000 euros.

Se identificó al principal cabecilla –afín a hechos anteriores similares- localizado y detenido en Valencia, donde se practicó un registro a su domicilio bajo mandamiento judicial, interviniéndose móviles, dinero e importante documentación de transacciones económicas vinculadas con Latinoamérica.

De igual modo fueron localizados y detenidos en esa ciudad y en su provincia dos integrantes del segundo escalón; también lo fueron otros siete sujetos que desempeñaban en Valencia, Madrid, Lugo y Albacete, por debajo de éstos, el papel de ‘mulas económicas’.

La investigación ha corrido a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Equipo Arroba y Área de Investigación del Puesto Principal Alfoz de Burgos, instruyéndose diligencias que han sido entregadas en el Juzgado de Lerma.

Modus operandi

Grupo jerarquizado piramidalmente, organizado, con reparto de funciones; capta a las víctimas en una conocida página web, a través de anuncios donde se ofrecen servicios de carácter sexual. El cliente llama al contacto facilitado y al quedar registrado su número pasa a manos de la organización.

Consumada o no la cita, la persona recibe días después llamadas telefónicas y mensajes amenazantes, exigiendo cierto dinero que deben ingresar en las diferentes cuentas bancarias facilitadas o por aplicación móvil, bajo graves represalias para él y su familia en caso negativo. Se valen de identidades fraudulentas y falsas para, con aparente impunidad, cometer los ilícitos.

Las ‘mulas monetarias’ de la banda redistribuyen los ingresos -a cambio de comisiones- a otras cuentas que tutelan sus tres superiores en la cúpula.

Ningún ilícito queda impune

No obstante, aunque puede haber repuntado esta tipología delincuencial, ningún ilícito cometido a través de la web, redes sociales o nuevas TIC – para obtener una indemnización del seguro, encubrir negligencias o descuidos, coacciones, injurias o del orden de las estafas o ventas fraudulentas, queda impune, a pesar de lo que equivocadamente piensa el autor/es enmascarado bajo el supuesto y falso anonimato que proporciona Internet; existe la denominada “huella digital”.

Nuestro Código Penal contempla serias sanciones y penas de prisión de hasta tres años, además de generar antecedentes procesales que pueden limitar durante años el acceso a un puesto de trabajo en la administración pública.