El Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) solicitó hoy medida "cautelarísimas" contra el cierre del interior de la hostelería aprobado esta semana por la Junta de Castilla y León, ante la alta incidencia de COVID-19 en la localidad. La alcaldesa de la localidad ribereña, Raquel González, recordó que el recurso se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid.

“En el primero de los casos interpusimos nuestro recurso ante el juzgado de Burgos, pero se dirimió que el competente era el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”, señaló.

La alcaldesa arandina aseguró en declaraciones a Ical, que con esta decisión están “apelando a la cordura”, y espera que los jueces “pongan sentido común” ante una situación que afirmó puede ser “gravísima” para los hosteleros, así como “injustificada y de difícil resarcimiento si ciertamente no es ajustada a derecho”.

Por otro lado, González señaló que la Junta “no ha tenido en consideración los datos reales de Aranda”, y recordó que se divide en tres zonas: Aranda Norte, Aranda Sur y Aranda Rural. De las tres, la alcaldesa apunta que es la zona de Aranda Rural la que tiene mayor número de casos, y afirma que estos están “absolutamente controlados”.

"No entendemos por qué se tienen que tomar resoluciones generales para una situación que está absolutamente controlada”, dijo, en alusión al brote de registrado en una congregación religiosa en una pedanía de Aranda.

En este sentido, recordó que los afectados están confinadas voluntariamente porque son de clausura. "No hay forma de que la sociedad tenga ningún contacto”, añadió.

Asimismo, tras las palabras de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que argumentó hoy tras el Consejo de Gobierno que además de este brote se habían producido otros mixtos que indicaban transmisión comunitaria, la alcaldesa explicó que los datos que aparecen en la página de la Junta acerca de contagios diarios “no manifiestan” la “mala situación” que señalan desde la Junta.